Caracas, (AFP).- El expolicía Óscar Pérez, muerto durante un operativo para su captura, fue enterrado este domingo en Caracas contra la voluntad de su viuda y su madre, denunciaron familiares del sublevado piloto.

“Decidieron arbitrariamente realizar el entierro controlado, sin permitir velarlo y mucho menos permitir trasladarlo con su familia”, escribió en Twitter Dana Vivas, viuda de Pérez, abatido el pasado lunes junto con seis aliados.

Vivas reside en México con los tres hijos del exagente que se alzó contra el presidente Nicolás Maduro entre protestas opositoras entre abril y julio del año pasado.

“Lo quiero conmigo para enterrarlo donde yo quiera”, había dicho en la víspera Aminta Pérez, su madre, quien también vive en México.

La entrada al Cementerio del Este, principal camposanto de la capital venezolana, amaneció con fuerte custodia militar. El entierro de Pérez se hizo cuando el lugar permanecía cerrado al público y solo se permitió el paso a dos familiares.

Una hora después, tras abrirse las puertas, decenas de personas empezaron a llegar, desplegando una bandera de Venezuela sobre la tumba y dejando flores y un uniforme del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas, al cual perteneció Pérez.

Pese a la denuncia de Vivas, Aura Pérez, tía del exagente, se mostró aliviada tras seis días de espera por la entrega del cadáver. “Quería cumplir con el entierro de mi sobrino”, dijo a la AFP, evitando hablar de la petición de traslado a México.

Óscar Pérez fue acusado de “terrorismo” y declarado “el criminal más buscado” de Venezuela tras atacar el 27 de junio pasado edificios gubernamentales con granadas y armas de fuego, desde un helicóptero. El incidente no dejó víctimas. El 18 de diciembre su grupo amordazó a militares en un cuartel y robó fusiles y municiones.

El sábado, en medio de pequeñas protestas en bastiones opositores de Caracas por la muerte de Pérez, dos de sus compañeros fueron enterrados en el Cementerio del Este. A los otros cuatro los trasladaron a las ciudades de Maracaibo (noroeste) y San Cristóbal (oeste).

Todos fallecieron por disparos en la cabeza, según actas de defunción publicadas por la prensa, y organizaciones de derechos humanos alertan de posibles “ejecuciones extrajudiciales”. El Gobierno sostiene que las autoridades respondieron a fuego enemigo.

“Su esposa y su madre tienen temores fundados a regresar al país (…). Intentaremos apoyar la solicitud (de enviar el cuerpo al exterior), pero hay una investigación en curso y el cuerpo es fundamental”, declaró a la AFP el director de la ONG de derechos humanos Foro Penal, Alfredo Romero.