Espacio Público: Censurar la libertad de expresión es una política de Estado

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que “toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Sin embargo, este derecho representa una amenaza para el gobierno de facto de Nicolás Maduro, cuyas políticas de Estado están basadas en la censura, inducir autocensura y cercenar la libertad de expresión, además de utilizar a las fuerzas de seguridad gubernamentales como un mecanismo represivo y de persecución hacia los medios de comunicación y periodistas.

La organización defensora de la libertad de expresión y el derecho a la información, Espacio Público, explica en su informe semanal titulado Sentencia previa: la justicia penal contra la libre expresión como la dictadura gradualmente modifica su accionar en contra de la libertad de expresión, a través de los casos de seis periodistas que demuestran ciertos patrones de criminalización en un contexto de ausencia de garantías institucionales.

Algunos de los casos son: Braulio Jatar, propietario del medio digital Reporte Confidencial, el periodista Luis Carlos Díaz, José Mercedes Muñoz, locutor de la emisora Oestereo 99.7 FM, el periodista Wilmer Quintana, entre otros.

En el informe se detalla la violencia estructural a través de los cierres de los medios de comunicación. Venezuela es el único país de América donde cerraron más de 50 medios de comunicación en un año.

Desde 2002, el patrón de restricciones a la libertad de expresión se manifiesta en tres tipos de violencia: una discursiva que señala a periodistas, medios de comunicación y críticos a la gestión del gobierno como enemigos; a través de los insultos, funcionarios descalifican a periodistas, analistas, infociudadanos y políticos.

Los impedimentos de cobertura, detenciones arbitrarias, requisas, robo de material y equipos, golpes, seguimiento y vigilancia, amenazas y atentados contra sedes de medios de comunicación se ubican como el tipo de violencia más frecuente en los últimos 17 años.

Como consecuencia, las formas de castigo se transforman en detenciones arbitrarias que aumentan conforme avanza la conflictividad social. El arresto masivo de personas es un patrón que expresa la crisis política, la intolerancia y el ensañamiento del Estado hacia quienes manifiestan su inconformidad, en las calles o en la web.

Arbitrariedades a la luz del día

Las detenciones arbitrarias implican un proceso jurídico que contraviene el debido proceso. El estar apresado supone caer en un sistema que vulnera los derechos fundamentales desde el primer momento. El nivel de sobrepoblación en las cárceles es de 125% para el año 2018; la violencia carcelaria derivó en el fallecimiento de 291 personas, 103% más que en 2017; en la mayoría de los centros de reclusión no existe atención médica permanente por lo que domina la proliferación de enfermedades dermatológicas, gastrointestinales y respiratorias.

Entre 2009 y 2018, 55 personas fueron arrestadas por emitir opiniones políticas en las redes sociales | Foto Espacio Público

Todo este patrón represivo persigue un solo objetivo: crear más censura.

Los mecanismos judiciales buscan imponer el silencio a través de la sanción más grave: la privación de libertad. A esto se suma la prohibición de declarar públicamente y usar redes sociales y de asistir a reuniones o manifestaciones públicas. Estas medidas sostienen los esquemas de censura que dieron lugar a las detenciones arbitrarias, pero tienen a su vez una serie de consecuencias individuales y sociales, no menos graves que la encarcelación.

Acallar los testimonios impide conocer las condiciones de reclusión, así como el desarrollo de los casos y las arbitrariedades que los caracterizan. Esto reduce las posibilidades de cuestionar abiertamente la gestión pública y subir el costo a los abusos, mientras menos se conozca, menos alcance tendrá la denuncia, a su vez perpetúa la impunidad de los funcionarios responsables.

En un contexto de crisis humanitaria compleja y donde no existe el Estado de Derecho, la libre expresión significa una amenaza que irrita a los que pretenden perpetuarse en el poder. Ante esto, el trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación se duplica, a sabiendas de los riesgos que implica, para cumplir con su responsabilidad ante la sociedad venezolana: informar la verdad.

Para conocer más a detalle el informe de Espacio Público visita: Sentencia previa: la justicia penal contra la libre expresión.

Correo del Caroní