Caracas.- Durante el operativo de búsqueda del expiloto del CICPC Oscar Pérez, el Estado venezolano no agotó la vía de la resolución pacífica y propició el desenlace violento que condujo a la muerte de -según fuentes oficiales- 7 venezolanos, incluyendo dos funcionarios policiales y cinco presuntos acompañantes de Pérez, en opinión de la ONG de Derechos Humanos Provea, expuesta en un comunicado emitido este martes.
Provea lamenta el desenlace de los hechos y exige al Gobierno ofrecer información precisa y detallada de los hechos ocurridos en El Junquito. Cada minuto de silencio oficial aumenta el riesgo para la integridad y la vida de las personas detenidas durante el operativo. Los riesgos de torturas y/o desaparición forzada aumentan en tanto la opacidad y la incomunicación de los detenidos se impongan.
En horas de la mañana de este lunes, Provea advirtió que el Gobierno debía respetar la vida e integridad del piloto Oscar Pérez, quien a través de sus redes sociales manifestó su intención de entregarse, junto a sus compañeros, a las autoridades.
La ausencia y silencio del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo en los hechos, impidió la existencia de garantías para la resolución pacífica del operativo y una actuación ajustada a los estándares sobre uso diferenciado y proporcional de la fuerza por parte de los agentes de seguridad.
El silencio del actual fiscal general designado por la constituyente, Tarek William Saab, y del defensor del Pueblo, también designado por la constituyente, Alfredo Ruiz, son un aval para la reiteración de este tipo de abusos contra los derechos humanos. En esta oportunidad su silencio y ausencia de actuación vuelve a ser cómplice de los posibles abusos. Provea exige una investigación transparente y oportuna de los hechos, y sanción para los responsables de los posibles abusos ocurridos en este operativo policial. Asimismo, exigimos garantías para la vida e integridad de las personas detenidas y para sus familiares y amigos.