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Familiares de detenidos por caso TANCOL siguen exigiendo claridad y justicia en la investigación

Familiares de detenidos por el llamado caso TANCOL, acusados desde el 2022, se agruparon en el comité de derechos humanos que se denomina Falso Positivo y se presentaron el viernes 24 de julio ante la sede del Ministerio Público, en Parque Carabobo, para exigir claridad en las investigaciones ya que consideran que sus parientes son inocentes.

Antonio González, integrante del colectivo de derechos humanos Surgentes en Caracas, rememoró de qué delitos se les acusa a estas 67 personas injustificadamente, y de las cuales 15 ya cuentan con sentencia definitiva.

«A todos se les acusa por gravísimos delitos como por ejemplo terrorismo. De esos 67 ya han condenado a unos 15 por 30 años en el mes de mayo«, precisó el activista de derechos humanos.

Explicó que los familiares empezaron a movilizarse desde marzo de este 2026. Pasaron entre 4 y 5 años que no se atrevieron a denunciar por miedo «debido a que todos ellos se encuentran excluidos geográficamente, no se encuentran en capitales de estados, están en pueblos fronterizos como Abejales (Táchira), en La Victoria, El Nula, Elorza (Apure), y por ello había mucha dificultad y miedo para denunciar hasta que finalmente se atrevieron a hacerlo y conformaron el comité por la liberación de los falsos positivos TANCOL».

Heridos, detenidos y golpeados

Por su parte, la señora Yadiris Moncada, que procede de la población de La Victoria, municipio Páez del estado Apure, declaró a través de Radio Fe y Alegría Noticias que su hija Iraima Acosta fue detenida e involucrada en este caso injustamente y por eso pide que se investigue con seriedad ya que en el procedimiento policial salió lesionada. Exige también que la joven quede en libertad.

Moncada reseña que su hija fue detenida «el 12 de enero de 2022 en La Victoria, estado Apure, la acusan del caso TANCOL (terroristas armados narcotraficantes colombianos), ella cuando la agarraron apenas tenía 18 años, era una niña, cayó herida de bala en la espalda y el tiro le salió por el abdomen, desde que la trajeron la metieron en el INOF (Los Teques, Miranda), le pegaron muy fuerte, le dislocaron el hombro derecho, tiene costillas fracturadas debido a las golpizas que le han dado, y desde que está allí no la han llevado al médico, no le han hecho ninguna placa».

Exigió justicia ya que «hace tres meses nosotros vinimos acá y quedaron que nos iban a dar respuesta por la salud de ellos y fíjese que todavía no nos dicen nada y ellos siguen presos».

Otro testimonio es el de la señora Marley Pineda, abuela de Erwin Álvarez Izarra, que fue aprehendido en Santa Bárbara de Barinas «en un hato donde él estaba de ordeñador, cuando eso él tenía 15 años de edad, lo acusaron de terrorismo, asociación para delinquir, lo trajeron (a Caracas) y lo condenaron a 10 años, ya lleva 4 años detenidos y exigimos su libertad porque él es inocente».

La señora pineda relata que su nieto le contó que cuando vio llegar a la comisión policial a su sitio de trabajo «se quedó sentado porque él no le debía nada a nadie. Y si era un terrorista se hubiese ido corriendo por ese monte para que no lo agarraran. A él lo torturaron, le metieron la cabeza en bolsas, lo asfixiaron, lo maniataron, lo tiraron al río, y al final le pusieron unas balas en las manos y tuvo que decir que sí era terrorista, pero eso no es verdad, él es inocente».

Con información de José Blanco | Radio Fe y Alegría Noticias