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Nacional
Familiares de sindicalistas sentenciados piden a la ONU que abogue por su liberación
7 de agosto de 2023
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Familiares de los seis sindicalistas sentenciados a 16 años de cárcel, por supuesta conspiración, pidieron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) intervenir ante el gobierno de Maduro por la libertad de los dirigentes.
El lunes 7 de agosto, durante una protesta frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pidieron al Alto Comisionado que aclare al país si realmente respaldó la sentencia a 16 años de cárcel contra los sindicalistas, tal y como lo aseguró el fiscal general Tarek William Saab.
La Oficina del Alto Comisionado se pronunció el sábado 5 de agosto, a través de una solicitud hecha por TalCual, sobre la condena a 16 años de prisión contra seis sindicalistas y defensores de derechos humanos por conspiración y asociación para delinquir. La instancia informó que tomó nota del veredicto contra los «sindicalistas», y «reafirma las preocupaciones previamente planteadas en cuanto a la criminalización de los defensores de derechos humanos en Venezuela, incluyendo aquellos comprometidos en demandas por mejores condiciones de trabajo y derechos laborales», dice el escrito firmado por Marta Hurtado, portavoz del Oacnudh.
Durante la protesta del 7 de agosto, Jesifer Requena, esposa del sindicalista Alonso Meléndez aseveró que los trabajadores fueron condenados por defender los derechos laborales pese a Constitución avala la protesta. Dijo que el Gobierno «tiene el tupé de amenazarnos con que si votamos en contra nos amedrentarán». Afirmó que la justicia en el país está «podrida» y no hay Estado de derecho.
Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez y Nestor Astudillo fueron sentenciados a 16 años de prisión, por los supuestos delitos de conspiración y asociación. El fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, negó el jueves 3 de agosto que los seis hombres sean sindicalistas.
Por su parte, Yorbelis Oropeza, esposa del sindicalistas Alcides Bracho, aseguró que el fiscal Tarek William Saab sabe que su esposo es sindicalista. «Tú sabes que los derechos humanos son relacionados con la condición y no se lo puedes negar a mi esposo. Los venezolanos merecemos un trato digno que tú nos has negado».
Oropeza señaló a la jueza Grendy Duque, quien dictó la sentencia, de obedecer órdenes políticas en lugar de seguir el debido proceso y acusó a Saab de haberse vendido «al mejor postor para salir de la pobreza».
En la manifestación estuvieron presentes líderes sindicales del sector salud, educación y activistas por los derechos humanos, entre ellos Rafael Uzcátegui, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), quien aseguró a medios de comunicación que la sentencia es un intento del gobierno de Maduro de intimidar a los gremios y trabajadores que protesten en su contra.
«Se está cumpliendo el inicio de un proceso de hostigamiento y conflictividad que habíamos advertido desde las organizaciones. El Gobierno intenta criminalizar y desprestigiar a los sindi para intentar legitimar esta decisión. Se quiere intimidar a todos los gremios y todas las que se han movilizado por un salario digno», agregó.
Mientras que María Corina Machado, precandidata a las primarias y líder del partido Vente Venezuela, asistió a la protesta de familiares de los seis sindicalistas y rechazó la actuación del Ministerio Público. Aseveró que la sentencia contra los dirigentes es parte del patrón de persecución del «régimen de Maduro» contra quienes luchan por derechos humanos y quiénes se oponen a sus políticas.
Tal Cual
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