El Foro Penal Venezolano indicó que el decreto de ley de amnistía es una competencia del Parlamento y no de la Asamblea Nacional Constituyente. La ONG fijó posición al respecto luego de que la presidente de la ANC, Delcy Rodríguez, anunció que a través de la comisión de la verdad se aprobará un instrumento jurídico.

“Toda fórmula legítima, apegada a la Constitución y leyes vigentes, que implique el cese definitivo de la prisión y de la persecución por motivos políticos en Venezuela es bienvenida. Desde el punto de vista constitucional y legal, y con base en la Constitución de la República Bolivariana de 1999, en el artículo 187, la facultad de legislar y la de decretar amnistías reside exclusivamente en la Asamblea Nacional”, expresa en un comunicado,

La organización considera que la ley debe ser examinada por todos los sectores sociales para evitar que exista discriminación: “Especialmente, debe consultarse a los presos, perseguidos y exiliados políticos; a las víctimas de la represión, las ONG y demás factores que consecuentemente se han encargado del registro de las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos que se han materializado en nuestro país en los últimos lustros”.

Agrega que “una amnistía que solo refleje el sentir de un sector político o que recoja las opiniones de unos pocos no pasará de ser un reconocimiento expreso de la realidad de la persecución por motivos políticos en Venezuela, y no es ni será legítima ni vinculante”.

Aclara que bajo ninguna circunstancia se debe omitir algún procedimiento jurídico; por ello considera que “debe abarcar la totalidad de las investigaciones penales, disciplinarias o sancionatorias relacionadas con los hechos de trascendencia nacional que en nuestra historia reciente dieron lugar a la injusta y arbitraria persecución judicial, fiscal, policial, laboral o administrativa de ciudadanos por motivos políticos”, refiere el comunicado.

Reitera que la organización está dispuesta participar en la elaboración de un proyecto de ley, siempre y cuando la instancia que lo promueva cuente con la debida legitimidad.

Intento fallido. El 11 de enero de 2016 la recién instalada Asamblea Nacional recibió el proyecto de de ley de amnistía que elaboró un grupo de abogados y defensores de derechos humanos. Luego de dos arduas discusiones, el 29 de marzo del mismo año, sin voto de la bancada del madurismo, se aprobó la ley en medio de un intenso debate. Días después, el 11 de abril, el TSJ la declaró inconstitucional con el alegato de que desconoce que Venezuela es un Estado democrático y social de derecho y de justicia y que además ignora varias decenas de artículos de la Constitución.