sábado 21 mayo, 2022
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Gobierno legaliza y promueve la minería en zonas fluviales vitales para la Amazonía

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El Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, a través de la Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.526 publicada el miércoles 8 de abril, determinó las áreas geográficas en las cuales la Corporación Venezolana de Minería, S.A. (CVM) puede ejecutar actividades mineras para la explotación del oro y diamantes en el Arco Minero del Orinoco.

En la resolución considera como zonas estratégicas para la explotación de minerales ríos como el Caura, Cuchivero, Aro, Yuruari, Cuyuní y Caroní, cuencas vitales para la Amazonía.

Todo esto con el objetivo de “estimular las actividades asociadas a los recursos minerales que posee el país y el aprovechamiento de los recursos naturales”, indica la gaceta.

Además, resaltan que toda actividad minera se debe realizar bajo el principio de desarrollo sustentable, conservando la diversidad ambiental y respetando a las comunidades indígenas que hacen vida en estas zonas.

La extracción de minerales en la cuenca del río Caura es de viaja data; la resolución viene a encubrir mediante Gaceta Oficial una actividad amparada por la FANB (Fotos/William Urdaneta).

No obstante, el Arco Minero del Orinoco se convirtió en un área de alta contaminación, destrucción ambiental y que ha servido de combustión para la violencia en el sur del estado Bolívar, protagonizada principalmente por grupos armados amparados por las Fuerzas Armadas.

Además, la explotación a todo dar sin el equipamiento correspondiente ni con la tecnología necesaria, representa un impacto fatal para el medio ambiente y pone en riesgo tanto a la biodiversidad como a las comunidades originarias que habitan en la zona.

Por otra parte, la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional considera ilegal el decreto del Ejecutivo y se declararon en sesión permanente. Aunado a esto, anunciaron que están desarrollando un proyecto de ley aprobatoria de la Convención de Minamata sobre la regulación del mercurio.

“Con ese decreto van a devastar las aguas, suelos y aires. El mercurio que usan produce un grave daño a los seres humanos, principalmente a los propios mineros y comunidades de las zonas cercanas”, declaró la diputada María Gabriela Hernández del Castillo, presidenta de la comisión.

Hernández agregó que este convenio es de suma importancia para la nación porque regula el comercio y el uso del mercurio, metal pesado que se usa en la actividad aurífera.

El proyecto inicial del Arco Minero era servir de propulsor para la economía, sin embargo terminó convirtiéndose en el sostén del Gobierno.

Asimismo, Maugimer Baloa, diputada por el estado Amazonas, aseguró que el decreto aumentará la violencia en la región: “Ya bastante daño hacen las fuerzas irregulares desplazando a los indígenas de sus territorios para que con este decreto se desplacen también los animales y se elimine más vegetación única en el mundo”.

El artículo 129 de la Carta Magna establece que es una obligación realizar un estudio ambiental y sociocultural en las actividades que puedan causar graves daños al ecosistema. A este se le suma el artículo 120 que el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas “se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas”.

Correo del Caroní

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