Nacional
Gremios de la educación exigirán revisión de salarios y reivindicaciones

Existe gran expectativa en el sector educativo a la espera de la confirmación del actual ministro, Héctor Vicente Rodríguez Castro, quien desde que fue designado en ese cargo, el 27 de agosto de 2024, no se ha reunido con los gremios, o el nombramiento de otro titular por parte de quien ejerce temporalmente la titularidad del Ejecutivo nacional.

Al respecto fue entrevistado el profesor Alexander Borges, directivo regional de la Federación  Nacional de Colegios y Sindicatos de Trabajadores Profesionales de la Educación de Venezuela (Fenatev) y recién designado coordinador de la Coalición de Educadores del estado Lara, quien dijo a El Impulso que todos los gremios van a solicitar una revisión salarial y de las reivindicaciones que arbitrariamente fueron eliminadas por las autoridades nacionales, violando la Constitución, la Ley Orgánica del Trabajo y demás normas legales.

El salario que están percibiendo actualmente todos los funcionarios, a nivel nacional, es pírrico y, prácticamente, fue desaparecido, siendo sustituido por el llamado Bono de Guerra, motivo por el cual consideramos que debe ser el primer punto a ser discutido con el Ministerio.

“Hay colegas que reciben apenas un dólar por su trabajo, a otros les pagan dos o tres dólares, de acuerdo al salario de cada quien, lo que constituye una bofetada para los educadores, ya que se les están negando sus derechos constitucionales y legales”, comentó. 

En segundo término, se debe continuar discutiendo la tercera Convención Única y Unitaria, que abarca educadores, empleados administrativos y obreros.

En tercer lugar, el sistema de seguridad social, el cual involucra la revisión integral del Ipas-ME, retomar los seguros funerario, odontológico y oftalmológico, así como el Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad. Como supuestamente van nuevamente a funcionar las clínicas privadas con servicios pagados por el Estado venezolano, exigimos la reanudación de este beneficio que existía antes.

Cuarto punto es la revisión del pago de todas las prestaciones sociales hechas a cada uno de los educadores jubilados, porque estos han demostrado que fueron pagadas con base a malos cálculos y, por tanto, se deben hacer tomando en cuenta la inflación que ha sido registrada desde la fecha en que se hicieron efectivos los pagos hasta el día de la aprobación del término del trabajo recalculado. En las estimaciones debe ser incluido el llamado bono de guerra porque, según el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo se establece que todos los ingresos percibidos mensualmente forman parte del salario y, desde luego, tienen que incidir en el cálculo de las prestaciones sociales. Igualmente el bono vacacional y los aguinaldos, los cuales no han sido tomados en cuenta. Conviene denunciar que el 31 de diciembre del recién terminado año pasado le pagaron a más de 4.200 educadores del estado Lara, que eran dependientes de la gobernación, menos  de la mitad que les correspondía legalmente. 

El quinto aspecto a ser considerado es el bono de alimentación, el cual tiene que ser actualizado de acuerdo al costo de la cesta alimentaria.

Y, naturalmente, exigimos la restitución del derecho a la libertad sindical.

El profesor Borges manifestó que la nómina del sector educativo, anteriormente, era de 1.200.000 trabajadores, pero como fueron anexadas las madres procesadoras de alimentos en las escuelas, la cifra llegó a 1.400.000 personas, lo que significa que las exigencias que se harán tienen que ser en beneficio de ese gran número de trabajadores que en este momento están a la expectativa de que sean mejoradas sus salarios y restablecidos sus beneficios. (El Impulso)