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5 de mayo de 2024
Washington (AFP) – El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió el jueves a la comunidad internacional aumentar las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro para impulsar la «democratización» de Venezuela.
Según Almagro, aún hay espacio para la vía diplomática, que en este momento implicaría «negociaciones serias» para la «democratización» del país y el aumento de sanciones tanto contra «los personeros del régimen» como contra «el aparato económico y financiero».
«El camino diplomático que queda por delante es el camino de las sanciones y creo que tiene que haber sanciones cada vez más duras que permitan que el régimen venezolano estructure un proceso electoral claro (…) que nos permita realizar una observación internacional seria», declaró a periodistas.
Almagro consideró «prácticamente incontrolable» el actual sistema electoral venezolano. «Eso lo han podido ver quienes participaron en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, en las elecciones regionales y en las elecciones de alcaldes», dijo en alusión a las últimas votaciones en el país.
Las presidenciales en Venezuela, en las que Maduro aspirará a la reelección, están previstas para finales de año, pero líderes opositores y analistas anticipan que el gobierno puede adelantarlas al primer trimestre para aprovechar las fuertes divisiones de la oposición.
«Hoy Venezuela más que elecciones necesita un proceso electoral nuevo», insistió Almagro, instando a la construcción de un sistema que cumpla con los estándares internacionales y garantice los derechos de la ciudadanía, incluso en lo referente al voto consular.
Para el secretario general de la OEA, es necesario que los venezolanos en el exterior puedan votar.
«Si hay algo que da una dimensión de la crisis que hay en Venezuela es la migración de cuatro millones de venezolanos en los últimos años», que supera a la registrada en esta época de Medio Oriente a Europa, subrayó.
Almagro, que califica a Maduro de «dictador», dijo que espera para el término de enero el informe final del panel de expertos que convocó para determinar si hay fundamentos para llevar al gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.
«Es muy importante la calidad que tenga ese documento, el rigor técnico, jurídico. Y que sus conclusiones estén basadas en los hechos que surgen de las audiencias o de la información que han mandado diferentes organizaciones de la sociedad civil o actores preponderantes de la política venezolana», señaló.
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