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24 de noviembre de 2024
Luego de que este jueves el Gobierno de Nicolás Maduro pidió un plazo mayor a 30 días a la Sala de Cuestiones Preliminares para responder al informe de víctimas del pasado 20 de abril, la Corte Penal Internacional (CPI) aclaró que Maduro no tendrá acceso a los datos de las más de 8.900 víctimas que enviaron sus testimonios al organismo, para evitar riesgos a su seguridad.
La Corte de La Haya explicó que gestiona sus contactos con las víctimas “de manera que, en medida de los posible, se limiten los riesgos para ellas u otras personas”.
“La Corte maneja la información recibida con estricta confidencialidad. Esto significa, por ejemplo, que en los procedimientos relacionados al Artículo 18(2), la VPRS registra la información (solicitudes, vídeos, correos electrónicos, etc.) presentada por las víctimas en una base de datos segura a la que sólo tiene acceso el personal autorizado de la Secretaría», sostuvo según Monitoreamos.
“Esta información sólo se transmite a la Sala; ninguna otra entidad tendrá acceso a ella. La Fiscalía y el Gobierno de Venezuela no tendrán acceso a los formularios, vídeos y otros documentos presentados por las víctimas o en su nombre”.
Al tiempo que precisó que la versión pública del Informe de la VPRS no contiene ningún dato con el que se pueda identificar a las víctimas «ni tampoco incluye información de ninguna otra persona u organización que haya participado en el proceso”.
La ONG Acceso a la Justicia informó este jueves que el Gobierno de Nicolás Maduro solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI un plazo más de 30 días para «responder» al informe enviado por 8.900 víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado.
«Como era previsible en su estrategia dilatoria ante la CPI, el Gobierno solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares que le permita responder el informe de víctimas del pasado 20 de abril y le dé hasta el 30 de mayo», posteó en Twitter.
A su juicio, esta solicitud por parte de Venezuela «no tiene sentido» dado que el informe es confidencial tanto para el Gobierno como para el fiscal Karim Khan en atención a la protección de las víctimas.
«Pero evidentemente hay que esperar la decisión de la Sala al respecto». (Cortesía/Noticiero Digital)
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