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María Lourdes Afiuni: 16 años de una condena

Dieciséis años de su vida transcurridos bajo una condena sin base legal. Así lo denuncia Provea al confirmarse el cierre formal de uno de los expedientes documentados sobre la persecución judicial en Venezuela: El caso de la jueza María Lourdes Afiuni.

La organización de derechos humanos señala que este cierre no borra el historial de atropellos de un Estado que le arrebató la libertad a una togada cuyo único «delito» fue cumplir con la ley y otorgar una medida cautelar a Eligio Cedeño, víctima a su vez de detención arbitraria.

Una condena a la carta y el nacimiento del terror judicial

En diciembre de 2009, Afiuni fue arrestada de forma arbitraria. La acusaron de «corrupción propia» y la condenaron a cinco años de prisión, a pesar de que la propia fiscal del caso dejó constancia por escrito en el expediente de que jamás existió contraprestación alguna, requisito indispensable para configurar dicho delito según el ordenamiento jurídico venezolano.

Aquel zarpazo contra la jueza inauguró lo que hoy se conoce como el «efecto Afiuni»: La siembra sistemática del terror en los tribunales para doblegar la independencia de jueces y funcionarios, convirtiendo al sistema de justicia en un aparato de retaliación política.

Torturas, ensañamiento y un control penal inhumano

Tras su injusto encarcelamiento, Afiuni denunció haber sufrido torturas físicas y psicológicas bajo custodia del Estado. El ensañamiento fue tal que, a pesar de que la condena inicial era de cinco años, la maquinaria de control penal la mantuvo atrapada y hostigada durante dieciséis años.

Semanas atrás, su familia alzó la voz para reportar que a Afiuni le detectaron tres lesiones tumorales que exigen atención médica urgente.

Del mismo modo, exigieron el cese inmediato de las restricciones para que pudiera viajar a Estados Unidos, donde reside su única hija desde hace más de diez años, para recibir tratamiento especializado y reencontrarse con ella. Con el expediente finalmente cerrado, este derecho elemental debe materializarse sin trabas burocráticas ni persecución remota.

La impunidad no es justicia

Desde la sociedad civil se enfatiza que este cierre de caso no es un acto de justicia, sino una constatación de la arbitrariedad. Dieciséis años de persecución quedaron en la impunidad, sin que el Estado señale o sancione a un solo responsable de este ecidio institucional.

La lucha por la libertad plena y las garantías de no repetición sigue en pie: Ningún juez en Venezuela debe volver a ser perseguido, amenazado ni encarcelado por atreverse a aplicar la ley. (El Impulso)