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Un total de 21.871 personas han sido imputadas por corrupción en Venezuela desde agosto de 2017, según el balance ofrecido este martes por el fiscal general, Tarek William Saab, quien destacó las investigaciones por desfalco y malversaciones dentro de la estatal petrolera PDVSA.
En una declaración televisada, Saab explicó que el Ministerio Público ha develado 36 tramas de corrupción vinculadas a la industria petrolera -que provee la principal fuente de ingresos al país-, lo que ha dejado un saldo de 307 personas judicializadas, de las cuales 76 ya recibieron condenas.
En términos generales, indicó, las acusaciones hechas por la Fiscalía sirvieron para conseguir, hasta ahora, 6.025 sentencias condenatorias por este delito.
Saab remarcó el «hecho inédito» de la depuración dentro del Ministerio Público, pues, desde que asumió el liderazgo de este despacho -en agosto de 2017-, la Justicia ha procesado 453 fiscales, por tratarse de funcionarios que «se apartaron» de la ley.
En materia de derechos humanos, un tema que consideró «bandera», dijo que en los últimos siete años y tres meses se ha imputado a 2.707 personas vinculadas a violaciones de estas garantías.
Esto, añadió, se tradujo en la privación de libertad de 1.096 personas, entre ellas 662 que ya fueron condenadas, gracias -consideró- a un «esfuerzo sostenido que se ha reflejado en una disminución significativa de la denuncia de violaciones de derechos humanos» en el país.
Además, reiteró que la Justicia ha «derrotado» un plan de la oposición mayoritaria que buscaba «imponer un golpe violento y desatar en Venezuela una guerra civil», luego de las presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue declarado ganador, lo que no es reconocido por numerosos países.
El fiscal insistió en que el bloque antichavista, que denunció fraude en los comicios, tenía un plan «de bañar de sangre a Venezuela desde julio hasta diciembre», por lo que -recordó- más de 2.000 personas fueron detenidas, entre ellas varios dirigentes de la oposición. EFE
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