Líderes comunitarios denuncian que en Antímano y La Vega presionan a familiares para saber quiénes van a representar a los niños cuyos padres se han ido del país. Les advierten que el gobierno debe estar informado, y luego les quitan las bolsas de alimentos.

Desde que la migración se convirtió en una opción de vida en las zonas populares, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción han implementado una política de persecución y control que involucra al entorno más cercano de los ciudadanos que decidieron salir del país.

Líderes de varias zonas de Caracas y de consejos comunales de Antímano, La Vega y 23 de Enero denunciaron que los miembros de los CLAP se han dado a la tarea de levantar un registro de los padres de familia que están fuera de Venezuela, con el propósito de quitarles el beneficio de la caja de comida a los hijos que permanecen en el país y a los familiares que están a cargo de ellos, así lo afirma el periódico El Nacional.

En Antímano, hace diez días el Comité Local de Abastecimiento convocó a una reunión para informar a sus integrantes y a los consejos comunales sobre la creación de una encuesta, en la cual los jefes de cada calle deben tomar nota de las personas que migraron y de los opositores que habitan en el sector.

“Los voceros del CLAP nos dijeron que estábamos obligados a apoyar la encuesta, pero nosotros no estamos dispuestos porque sabemos la situación de precariedad que hay. Los que salen del país y dejan a sus hijos o padres es porque no aguantan más. Eso no les da el derecho de robar las cajas”, contó una representante del consejo comunal de esa zona que decidió resguardar su identidad.

La dirigente considera que la nueva medida del gobierno será “una gota más para la olla de presión que hay en los barrios; la gente estará alerta”.

Agregó que en la misma reunión hicieron énfasis en que si uno de los padres se va, debe solicitar un permiso en la Lopnna para que el Estado esté informado de quién estará a cargo y quién los va a representar en la etapa de escolaridad. “Eso es una intromisión desde todo punto de vista. Como madre, no tengo por qué informar nada ni bajo qué circunstancias viajo”, aseveró la representante del consejo comunal.

En un sector de La Vega ocurre una situación similar. En la última semana, les han quitado el beneficio del CLAP a dos jóvenes de 23 años de edad y a una pareja que migraron y dejaron a sus hijos a cargo de  familiares.

Eugenia Méndez, líder de la comunidad, denunció que los voceros del gobierno no aceptan otros autorizados para retirar las cajas y se quedan con los alimentos para revenderlos.

“No esperan ni que se vayan en el autobús, cuando ya les quitan las bolsas. No les importa si tienen hijos. Cuando un vecino decide irse, nos enteramos muy rápido y los miembros del CLAP aprovechan para quitar la comida sin justificación. Cuando se hacen los reclamos responden: ‘Que salga del país, consiga dinero y lo mande’. Para ellos es mejor que la gente se vaya porque crece el negocio que tienen”, afirmó Méndez.

Desplazados.

La mayoría de las dirigencias de los consejos comunales cumplieron su período, cuya duración es de dos años, y sus competencias han sido desplazadas por quienes integran los CLAP, que desde su creación en 2016 han servido como instrumento político y maquinaria electoral para beneficiar al presidente Nicolás Maduro.

En el 23 de Enero, El Valle, La Vega y Antímano los consejos comunales están constituidos en su mayoría por ciudadanos que se oponen al gobierno. De acuerdo con dirigentes comunitarios, esa es la razón por la cual no se ha convocado a la renovación de los cargos como establece el artículo 12 de la Ley de consejos comunales, sancionada en 2006 cuando Maduro era presidente de la Asamblea Nacional.

“No quieren hacer las elecciones porque los chavistas que se postulan no los quieren la comunidad y a los opositores no los dejan postularse”, aseguró una integrante de contraloría social de un consejo comunal de La Vega, que prefirió resguardar su nombre.

En la comunidad donde reside Méndez, organizaron las elecciones, pero cuando dirigentes del PSUV revisaron las postulaciones decidieron posponer la jornada comicial. “Lo primero que dijeron cuando supervisaron  fue ‘son escuálidos’. Hicieron que solo se inscribieran como candidatos los militantes de su partido y obligaron a la gente a votar, con la amenaza de quitarles la caja”, contó.

Otra muestra de la exclusión es que el gobierno ha negado los recursos económicos a los consejos comunales en los últimos dos años, por lo que no han podido recuperar o arreglar algunos espacios de recreación.

A finales de abril, la plataforma Somos Venezuela organizó 10 mesas técnicas en conjunto con los CLAP para afianzar su poder y tomar las atribuciones de resolver los problemas de la comunidad, que originalmente pertenecen a los consejos comunales, como estipula el artículo 21, numeral 3.

“Estamos totalmente apartados. Los consejos comunales se abolieron. El gobierno no entendió que los problemas de la comunidad no pueden ser de un color político. Y la comunidad no entendió que el gobierno quería control y asfixiarnos ideológicamente para que no tuviéramos más opción sino seguirlos. Eso es triste”, dijo otro líder comunitario de Catia.

Destacan que la calidad de los servicios continúa en declive y las cajas cada vez contienen menos productos. En el caso de Antímano, tienen varios meses sin recibir leche ni atún. “No solo es que se quedan con las cajas de los que son cabeza de familia, sino que las abren y les quitan rubros. Eso es una injusticia”, afirmó.

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