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Expertos: El principal reto para una reforma del aparato judicial es la voluntad política

Más que la recuperación del Poder Judicial, afirma el abogado Joel García, es necesaria una reconstrucción total para dar garantías de respeto a derechos fundamentales, al debido proceso e independencia de jueces y fiscales. La académica Magaly Vásquez asegura que en el país «todos estamos bajo libertad condicional», mientras que el abogado Gonzalo Himiob cuestiona si Venezuela en realidad ha salido del conflicto

Una reforma del sistema judicial pasa, más allá de recomendaciones técnicas, por una voluntad política que garantice la independencia de tribunales y el Ministerio Público así como el cese de la persecución política y delitos como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas.

Así lo expresaron los expertos Magaly Vásquez, Gonzalo Himiob y Joel García durante la Jornada de Derechos Humanos organizada por Amnistía Internacional, que inició este lunes 18 y se extenderá hasta el martes 19 en Caracas.

Una de las premisas que expuso la académica Magaly Vásquez, secretaria de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), es que «todos los venezolanos estamos bajo libertad condicional» desde hace años, debido a la falta de separación de poderes y, además, la imposición de las decisiones del Ejecutivo a través del poder Judicial como uno de sus brazos ejecutores.

Joel García, abogado y profesor universitario, comentó que el país «no hace falta cometer delitos para estar preso», cuestión que se ha combinado con una «institucionalización de la pena anticipada», es decir, aquellas personas que sobrepasan los límites de detención preventiva establecidos en las leyes antes de recibir una sentencia de un tribunal.

Asimismo, destacó, los familiares de los privados de libertad tienen una «extensión violenta» de este encarcelamiento por la imposición de la carga de mantener su alimentación, salud y demás cuidados.

«El caso de Víctor Hugo Quero nos puede definir todo ese retrato institucional (…) En Venezuela no hay un ápice de poder judicial. Hay que reconstruirlo desde cero», afirmó García.

Por su parte, Gonzalo Himiob destacó que desde 2014 hubo un claro cambio hacia un sistema de justicia hacia un castigo «directo» y que se ha traducido, desde esa fecha, en casi 20 mil personas sometidas a medidas cautelares por razones políticas.

«Se ha hecho un uso del sistema de justicia que no discrimina, la barbarie o discrimina, va en contra de quien le resulte incómodo o que pretenda instrumentalizar por razones políticas», puntualizó Himiob.

Además, cuestiona además si en Venezuela se ha «salido del conflicto» y se está preparado para mecanismos como comisiones de la verdad que, dijo, serían de importancia para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

Entre los retos para reformar el sistema judicial, identificados por los expertos, están el rescate del derecho a la defensa, «vencer el miedo» para la denuncia, impulsar acciones que generen respuestas adecuadas y efecto por parte de organismos internacionales; la rendición de cuentas; real participación de las víctimas y sociedad civil en la construcción de propuestas y cambios; o la propia incidencia de la comunidad internacional sobre la realidad de derechos humanos del país por encima de acuerdos económicos o comerciales que ahora se imponen en el nuevo «momento político».

«El problema no es normativo, sino de operadores del sistema de justicia» y cómo responden a los designios del poder Ejecutivo, sentenció Magaly Vásquez.

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