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Nacional
Misión afirma que justicia venezolana está comprometida con graves violaciones a DDHH
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Los fiscales y otros miembros del sistema de justicia formaron parte clave de varias de las detenciones documentadas. El uso excesivo de la detención preventiva se vio agravada por la tardanza o falta de ordenes de liberación por parte de los jueces
La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, un mandato del Consejo de DDHH de la ONU, aseguró en un nuevo informe que el sistema judicial venezolano está comprometido con graves violaciones a los derechos humanos.
En la presentación de su informe oral, la presidenta de la Misión, Martha Valiñas, indicó que documentaron 183 casos donde se dejó establecido que los ataques están dirigidos a oponentes políticos, activistas y organizaciones de la sociedad civil, y todos aquellos considerados amenazas al Gobierno.
Por ello, la Misión de Determinación de Hechos concluyó que en lugar de dar protección a las víctimas de crímenes y violaciones de derechos humanos, “el sistema de justicia ha sido usado para amedrentarlos”, pues está comprometido y se ha violado el debido proceso “por motivaciones políticas o de terceros”.
Dentro del informe se mencionaron a Fernando Albán, Rafael Acosta Arévalo y Juan Pablo Pernalete como algunos de los casos donde la justicia ha estado comprometida, se han hecho acusaciones que no corresponden a los verdaderos delitos y se ha violado el debido proceso.
“La información oficial sobre investigaciones y procesos penales, en particular a partir de 2017, es escasa. Todo indica, sin embargo, que el número de procesos penales domésticos por delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos es extremadamente bajo y se limita a los agentes de menor rango. Esto se aplica a los casos Albán, Acosta Arévalo y Pernalete”, dice el documento.
Además, de los 90 casos documentados en el informe anterior de la Misión, solo tres han tenido avances. También señalaron que 90 prisioneros políticos permanecen en centros de detención preventivos o que no están adecuados para mantener presos, como la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), a pesar de una resolución que ordena su traslado a cárceles controladas por el Ministerio de Servicios Penitenciarios.
El abogado Francisco Cox Vial, integrante de la Misión, destacó que aún cuando los jueces liberan a los detenidos, se les mantienen violaciones contra sus derechos humanos como la libertad de hablar sobre su caso.
“A pesar de no contar con una legislación específica para los crímenes de lesa humanidad, el Estado venezolano posee, en su mayor parte, un marco legislativo capaz de asegurar la responsabilidad individual por las violaciones y crímenes que la Misión determinó en su informe de septiembre de 2020 así como en el presente informe. A pesar de ello, el Estado no está tomando medidas tangibles, concretas y progresivas a través de investigaciones y procedimientos internos para remediar las violaciones, combatir la impunidad y otorgar reparaciones a las víctimas”, destaca una de las conclusiones del informe.
Justicia más que irregular
Los integrantes de la Misión de Determinación de Hechos mencionaron que se hicieron reiteradas solicitudes de información sobre este informe y el anterior al Gobierno venezolano, específicamente a las autoridades judiciales y del Ministerio Público, pero no recibieron respuesta alguna.
La jefa de la Misión, Martha Valiñas, señaló que en cuanto al procesamiento de opositores o personas que el Gobierno considere como tal el sistema judicial sí está comprometido. Además, destacó que hay condiciones analizadas por la Misión que afectan a todos como la provisionalidad de los jueces, acentuada en los últimos años, lo que compromete la toma de decisiones.
Marta Valiñas también destacó que documentaron varias declaraciones de altos oficiales llamando a sentencias o alegando la culpabilidad de las personas detenidas. La Misión tuvo la oportunidad de entrevistar a varios jueces y fiscales venezolanos.
“Muchos han tenido que huir por miedo y varios de los que permanecen en Venezuela se rehusaron a hablar con nosotros por miedo a represalias. Esto es algo muy preocupante”, dijo.
Además, mencionó que las graves violaciones de derechos humanos por las cuales se constituyó la Misión de Determinación de Hechos siguen bajo investigación. “Los patrones y casos que denunciamos en nuestro primer informe continúan”.
Entre los hallazgos documentados se destaca que en 113 de los 183 casos de detenciones analizados por la Misión, los detenidos o sus representantes han presentado denuncias de tortura, violencia sexual u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
“En 67 de ellos, los detenidos comparecieron ante el tribunal con claros signos de maltrato o plantearon denuncias de tortura, violencia sexual u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes durante los procedimientos judiciales. En total, 82 detenidos que presuntamente fueron sometidos a torturas continuaron acusados de delitos”.
Los fiscales y otros miembros del sistema de justicia formaron parte clave de varias de las detenciones documentadas. El uso excesivo de la detención preventiva se vio agravada por la tardanza o falta de ordenes de liberación por parte de los jueces.
En muchos casos los jueces mantienen las detenciones basados en evidencia manipulada, lo que impide a los defensores realizar su trabajo y atenta contra el debido proceso.
La mayoría de los detenidos fueron por ejercer sus derechos de libertad de expresión y protesta pacífica. La Misión destacó su preocupación pues muchos detenidos fueron devueltos a la custodia de agentes de seguridad que han participado en la violación de derechos humanos.
Francisco Cox Vial destacó que, tanto en el informe anterior como en el actual, integrantes de la Fuerza Armada Nacional ha sido víctimas de torturas. Además existen casos documentados de militares siendo torturados y usan sus declaraciones como evidencia durante los juicios en su propia jurisdicción.
También se mencionaron los obstáculos para que los abogados defensores tengan acceso a sus representados, así como demoras para establecer las fechas de las audiencias y juicios.
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