Caracas, Venezuela | AFP |Cuando lo presentaron en un tribunal en Venezuela, acusado de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro, John Álvarez contó al juez que policías le aplicaron descargas eléctricas en los genitales, las costillas, las rodillas y lo golpearon con un bate para arrancarle “una confesión”.

Los oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) denunciados por Álvarez pertenecen a unidades que sustituyeron a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), temida división élite disuelta en 2021 tras masivas denuncias de violaciones de derechos humanos. Activistas denuncian que estas nuevas brigadas mantienen prácticas abusivas como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura.

El 4 de septiembre ante la corte, cinco días después de ser arrestado, “John, valientemente, hizo la descripción de sus torturadores y la manera en que lo torturaron”, relata a la AFP su madre, Wenderlin Peña, sentada en la pequeña sala de su casa en una barriada popular de Caracas.

Exámenes determinaron que este estudiante universitario de 24 años sufrió “pérdida parcial de la visión” en el ojo izquierdo y lesiones en un riñón y una pierna, según sus familiares y la defensa, que responsabilizan a agentes de las nuevas divisiones de la PNB.

La ONU exigió eliminar las FAES, creadas en 2015, acusándolas de ejecuciones extrajudiciales en operaciones contra la delincuencia en zonas pobres.

Tras su disolución, funcionarios denunciados por abusos fueron reasignados en unidades como la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), la Dirección de Investigación Penal (DIP) y la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO), todas blanco de acusaciones de brutalidad.

“Se crearon nuevas estructuras, pero se siguen manteniendo las viejas prácticas de graves violaciones de derechos humanos”, critica Marino Alvarado, miembro de la ONG PROVEA.

– “Represión selectiva” –

Alvarado considera “muy grave” que jefes de las extintas FAES fuesen ascendidos, como ocurrió con José Miguel Domínguez, exdirector de esa división y sancionado por Estados Unidos, y hoy segundo al mando en la PNB.

“Actuaron alrededor de diez” agentes en el caso de Álvarez y “tenemos identificados plenamente a cinco”, sin que hasta ahora enfrenten consecuencias, lamentó Joel García, abogado del joven. “No hay voluntad política para investigar, ni sancionar”, agregó.

Una misión de observación de la ONU acusó al gobierno de Maduro de “represión selectiva” contra sus adversarios, con los cuerpos policiales como uno de sus brazos ejecutores.

Presentó el 25 de septiembre ante ente el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe en el que concluyó que “tenía motivos razonables” para creer que entre enero de 2020 y agosto de 2023 ocurrieron al menos “cinco privaciones arbitrarias de vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias”, así como “28 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” contra detenidos, “incluidos 19 casos de uso de violencia sexual”.

Caracas calificó a los miembros de la misión de “mercenarios”. El canciller Yván Gil aseguró este martes en Ginebra que los organismos de seguridad actúan “apegados a los protocolos” internacionales y que el país “sanciona cualquier inobservancia de los derechos humanos”.

El fiscal general, Tarek William Saab, sostiene que más de 500 funcionarios han sido condenados por violaciones de derechos humanos desde 2017.

Venezuela enfrenta además una investigación ante la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad.

– “¿Terrorismo?” –

John Álvarez fue vinculado con seis dirigentes sindicales condenados el 1 de agosto a 16 años de prisión por “conspiración”, sentencia que activistas consideran una represalia por protestas por mejores condiciones en el sector público.

El universitario, según su defensa, fue forzado a grabar un video en el que incrimina a un sindicalista y un activista.

Álvarez había salido de la casa de su madre a hacer unas compras antes del cumpleaños de su hermano menor. Desapareció.

Cuando la familia lo encontró un día después en un cuartel policial tras una angustiante búsqueda por comisarías y hospitales, los agentes alegaron que había sido detenido por pegar un panfleto en un busto del prócer independentista Simón Bolívar y que sería liberado en días, según Peña.

Ya en tribunales, un funcionario “me da la primera información de que John está preso por ‘terrorismo’. ¿Terrorismo? ¿Terrorismo es pegar un panfleto? Yo voy a estar de pie, como madre, para defender a mi hijo”.