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Organizaciones de la sociedad civil piden a la CIDH monitorear el proceso de diálogo en Venezuela #6Ago

En el marco de su comparecencia en el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela que integran la plataforma Justicia y Verdad, abordaron entre sus recomendaciones la solicitud a este órgano de monitorear el proceso de diálogo iniciado formalmente este jueves en el país.

El abogado y defensor de derechos humanos, Faisal Yamil Meneses, indicó que las organizaciones observan «con cautela» la instalación de «la comisión mixta anunciada por las autoridades interinas, la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno de los Estados Unidos». «Lo recibimos con optimismo prudente, pero también con la claridad de que su valor dependerá de resultados concretos y verificables«, aseveró.

Recalcó que las realidades expuestas en la audiencia y contenidos en el informe Termómetro de la Justicia, Verdad y Estado de Derecho en Venezuela, cobran especial pertinencia en estos momentos que vive el país. «Estos indicadores y recomendaciones es, precisamente, lo que esta Comisión Interamericana y el resto de los actores internacionales puede exigir, corroborar y velar por su cumplimiento, desde el rol que pueden jugar en comunicación con todos los factores políticos que inciden en la conducción de Venezuela, tanto a nivel nacional como internacional.

En ese sentido, Meneses solicitó formalmente a la CIDH «dar seguimiento con cautela al proceso encabezado por la comisión mixta e incorporar su desarrollo en su monitoreo».

Recomendaciones y exigencias fundamentales

Desde el monitoreo expuesto por la organizaciones en la audiencia pública, abarcando cuatro pilares fundamentales, el abogado expuso que se derivaron diez recomendaciones a la Comisión Interamericana, de las cuales priorizaron tres.

La primera medida solicitada es «liberación plena e incondicional» de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos. «Los hallazgos ya presentados en esta audiencia confirman que la deuda permanece activa a pesar de la ley de amnistía», refirió.

En segundo lugar, exigieron la derogación, reforma o anulación del marco normativo «que asfixia el espacio cívico». El defensor señaló que han documentado al menos 38 instrumentos legales usados desde 2002 «para criminalizar y perseguir a la disidencia y concentrar el poder».

Además, como tercer punto, manifestaron la urgencia de una «apertura real» a los mecanismos internacionales de protección. «Exigimos que el Estado extienda invitaciones formales a esta Comisión para una visita in loco plena, que además abra la puerta para sucesivas visitas de los relatores especiales de Naciones Unidas pendientes, y a la Misión de Determinación de los Hechos», planteó.

EL IMPULSO