El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) aseguró que, aunque no existe estadísticas, la extorsión en el estado Lara se ha convertido en los últimos años en una amenaza debido a su alto crecimiento.

A través de una nota de prensa, el OVV indica que en su último informe reseñaron que el año pasado se pudo observar «un incremento generalizado de las actividades de extorsión sobre aquellos actores económicos o individuos que tenían acceso a dólares u otras monedas extranjeras«.

«La amenaza es un recurso eficaz de los delincuentes para persuadir a sus víctimas a la hora de llevar a cabo una extorsión. Una de las prácticas frecuentes de funcionarios, policiales y de la administración de justicia de la entidad, como señalaron al OVV Lara personas que pidieron ocultar sus nombres, es intimidar con posibles «sanciones» o «multas» ante cualquier irregularidad para obligarlos a la entrega de dinero o bienes. Funciona también como mecanismo para completar o «realizar» determinados trámites«, señalan en el documento.

En la misiva destacan también que en Guanare, capital del estado Portuguesa, durante noviembre y diciembre de 2022, ocurrieron varias extorsiones y precisaron que las víctimas temen denunciar en las instancias de justicia.

Entre los casos se destacan algunos laboratorios clínicos en ambas entidades que fueron allanados sin una orden judicial por supuestos funcionarios que portaban pasamontañas. Amenazaron a los propietarios de que serían sancionados por manejo inapropiado de desechos biológicos, lo que acarrearía el cierre de locales y multas. Se les obligó a pagar dólares en efectivo para que pudieran funcionar.

Brigadas de seguridad en el campo

Señalan que otro tipo de extorsión es la que se practica en contra de productores rurales y transportistas de alimentos.

“Los productores viven entre dos amenazas continuas, por un lado, la de las distintas formas de crimen organizado -bandas o guerrillas– que pueden actuar en esa zona; y por el otro, la de los propios funcionarios policiales o militares locales, quienes unas veces los protegen y otras los extorsionan”, puntualizan.

OVV señala que comunidades de agricultores de los municipios Andrés Eloy Blanco, Jiménez, Iribarren y Morán del estado Lara han creado “brigadas de seguridad integral” para hacer frente a las extorsiones de funcionarios y a los delincuentes comunes.

En el año 2019, circuló en los medios de comunicación que varios productores de la entidad eran víctimas de extorsión por parte de funcionarios policiales. Se les pedía dinero y parte de sus cosechas para no ser privados de libertad.

“Es un grupo armado que tomó la justicia por su propia mano. Ellos tienen más de 2 mil armas en su poder. Los cuerpos de seguridad no tienen control sobre ellos, eso es un riesgo”, dijo un comerciante residente de uno de estos municipios que pidió mantener su nombre en reserva.

El Impulso