Nacional

Piden investigar a exjuez rector de Apure por presunta corrupción

20 de diciembre de 2023

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El abogado Edwin Blanco, quien se venía desempeñando como juez rector y presidente del circuito judicial penal del estado Apure desde hace más de 7 años, fue destituido de sus cargos este martes 19 de diciembre por un procedimiento administrativo llevado a cabo por el Consejo de la Judicatura del TSJ.

Este miércoles 20, el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad, Ramón Cabeza, anunció que por decisión del gobernador Eduardo Piñate procedían a solicitar ante el Ministerio Público regional que a Blanco se le abra una investigación penal porque se presume que el abogado, ahora destituido, se encuentra incurso en una presunta trama de corrupción y por un supuesto abuso de poder.

Para Cabeza existen suficientes elementos, indicios e información que han recibido en esta instancia para hacer la solicitud formal ante la Fiscalía Superior del estado Apure.

El funcionario, estrenándose en esta responsabilidad, manifestó que estos casos son solo la punta del iceberg “y sabemos la necesidad del pueblo apureño de manifestar todos aquellos casos donde exista una comprobada injusticia a fin de que recuperemos el honor, la confianza y el respeto de nuestras instituciones democráticas y puestas para la protección de los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela”.

Antecedentes

Vale recordar que en medio de los sucesos escenificados el 8 de noviembre de 2022 en los tribunales de menores de San Fernando, cuando un grupo de personas protestaba por una decisión judicial que le confería la custodia legal al padre de los hijos de una ciudadana de origen árabe, cuestión que denunciaban por arbitraria y malintencionada, y cuyos reclamos terminaron con daños en las instalaciones tribunalicias, la presidenta de la fundación El Niño Simón Regional, y esposa del gobernador, Elizabeth Gimón, increpaba fuertemente al entonces juez rector Blanco sobre las supuestas irregularidades y la pudrición en la que se encontraban envuelto el poder judicial de la entidad.

Al cumplirse un año de los hechos se conoció que el Ministerio Público habría imputado a varias personas por los presuntos delitos de daños a una instalación pública, instigación al odio y otros.

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