El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) denunció ante la Defensoría del Pueblo el impacto de la escasez de combustible en la región andina.

El ODH-ULA expuso que los agricultores venezolanos no solo padecen la escasez de combustible, indispensable para el transporte de sus productos hacia los mercados nacionales, así como para todo el proceso de siembra, cultivo y cosecha, sino que también se les viola sus derechos humanos y los de sus familias.

Los trabajadores agrícolas, así como todos los trabajadores de Venezuela, carecen de una verdadera seguridad social, que es un derecho humano establecido en el artículo 22 de la DUDH y un derecho constitucional previsto en el artículo 86 de CRBV.

En las zonas rurales y agrícolas de Venezuela las carencias y necesidades son aún mayores que en las ciudades, advierte la institución. Los centros de salud públicos son insuficientes y no cuentan con el personal ni los recursos necesarios para atender a la población.

En los pueblos agrícolas de los Andes venezolanos el ODH-ULA y otras organizaciones de derechos humanos han registrado un «peor funcionamiento» de servicios básicos como electricidad, telecomunicaciones y gas doméstico. Además, se conoció que una gandola de gasolina puede tardar entre tres semanas y hasta más de cuatro meses en llegar a las localidades más remotas de la región andina.

El ODH-ULA señaló que los productores agrícolas no cuentan con mecanismos de financiamiento ni pueden acceder a créditos, debido el alto porcentaje que mantiene el encaje legal bancario, que actualmente está en 73 %, lo que lo pone como el más alto de América Latina.

Asimismo, desde que el Estado venezolano expropió en 2010 la empresa española de suplementos agrícolas Agroisleña, y la convirtió en empresa estatal con el nombre de Agropatria, los agricultores dejaron de tener acceso a productos de calidad indispensables para la siembra y el cultivo.

Redacción web