Nacional
Provea cuestiona opacidad en nuevos acuerdos petroleros y advierte sobre responsabilidad en violaciones de DDHH

La organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) emitió un pronunciamiento para exigir transparencia y la realización de consultas ambientales ante la reciente firma de acuerdos energéticos que contemplan el desarrollo de 17 campos petroleros en el país.

La ONG rechazó el secretismo que ha rodeado las negociaciones entre ambas administraciones, señalando la inobservancia de los principios constitucionales de acceso a la información.

«Provea cuestiona este acuerdo que, como lamentablemente se ha hecho costumbre, se realiza en medio de la opacidad estatal que imposibilita los mecanismos de contraloría social», señaló en su comunicado de prensa

Amparados en el artículo 51 de la Carta Magna, instaron a las autoridades a informar a la ciudadanía sobre los términos y condiciones de la alianza.

Exigencia de consultas ambientales y a pueblos indígenas

Respecto al impacto territorial que tendrá la explotación de los yacimientos, Provea urgió a precisar la localización de las áreas asignadas para verificar si se solapan con territorios ancestrales o zonas protegidas.

«Ambas administraciones deben informar al país la ubicación de los «17 campos estratégicos» que, de situarse en zonas habitadas por pueblos indígenas o en Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), dichas concesiones deben ser sometidas a procesos de consulta previa, libre e informada».

La organización recordó que la creación del Arco Minero del Orinoco (AMO) «sentó las bases del actual modelo político y económico, basado en más acumulación de renta primaria, con más represión y más opacidad», tras la extinción de la institucionalidad ambiental en el país.

Corresponsabilidad internacional en derechos humanos

Invocando los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la ONG sostuvo que el respeto a las garantías fundamentales aplica a todos los actores corporativos y gubernamentales independientemente de dónde operen.

«Si la Administración Trump y empresas estadounidenses deciden suscribir acuerdos opacos e inconstitucionales con las autoridades venezolanas, se harán corresponsables de las violaciones de Derechos Humanos que ocurran en adelante», advirtieron.

Provea concluyó remarcando que «las empresas y los gobiernos extranjeros deben abstenerse de infringir los derechos humanos y hacer frente a las consecuencias negativas en las que tengan alguna participación».

EL IMPULSO