CARACAS (AP) — El funcionario de la policía judicial venezolana, Oscar Pérez, quien piloteó el helicóptero que atacó dos organismos públicos a mediados de año en medio de las protestas antigubernamentales, reapareció en un video divulgado en las redes sociales.
En el video, fechado el 22 de noviembre, el también actor de películas de acción aparece en una toma media sentado en silencio al lado de un desconocido que lee un mensaje en que se pide a los venezolanos a abrir los ojos y darse cuenta de que son engañados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
“Que sea el pueblo el que habla, señores” fueron las únicas palabras pronunciadas por el prófugo exinspector agregado del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas.
Pérez, de 36 años, provocó daños estructurales en las sedes del Ministerio de Relaciones Interiores y del Tribunal Supremo de Justicia el 27 de junio desde un helicóptero de la policía judicial que había robado de una base aérea militar de Caracas. Entonces destacó que sus acciones fueron cuidadosamente planeadas para no ocasionar víctimas.
En otros videos, Pérez ha declarado que pertenece a un levantamiento de miembros de las fuerzas de seguridad que están hastiados de Maduro, quien definió sus actos como un “ataque terrorista”.
La difusión del nuevo video se produjo ocho días después que el gobierno de Maduro anunciara que el organismo regulador del sector de telecomunicaciones controlará las redes sociales con una severidad semejante a la que ha mostrado desde hace casi dos décadas con las estaciones de radio y televisión del país.
El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, ha dicho que la medida busca controlar e impedir las intenciones de “sembrar el odio” en las redes sociales usando instrumentos tecnológicos que no precisó.

Maduro sostiene que los supuestos mensajes de odio, intolerancia y racismo que presuntamente esgrimen los adversarios del gobierno a través de las redes sociales desencadenaron las protestas antigubernamentales que entre abril y julio dejaron más de 120 muertos en todo el país.

Los adversarios políticos del mandatario, empero, afirman que la ley busca criminalizar la protesta pacífica.