Nacional
Redadas de ICE y trabas al asilo ponen en jaque a venezolanos en el Doral
sábado 12 septiembre, 2026
La comunidad venezolana de Doral (sur de Florida) vive días de incertidumbre por los operativos migratorios y una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración que ordena reconsiderar un caso de asilo a partir de los cambios políticos en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro
Los parques del Doral, en Miami, están más vacíos, los negocios de comida venezolana empezaron a bajar la santamaría y muchas familias están evitando manejar, salir a comer o incluso llevar a sus hijos al colegio. Es la consecuencia no sólo de las redadas que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) está realizando en Florida, con más de 50 mil arrestos a migrantes en todo el país durante agosto, sino también del fallo del pasado 4 de septiembre de la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos respecto a un caso de asilo de una venezolana.
En esa ciudad del sur de Florida donde, de acuerdo con estimaciones 2019-2023 de la American Community Survey, de 76.490 habitantes 35% son venezolanos, las rutinas han cambiado. Entre ellas, las de Alanis Ramírez*, de 29 años. Hacía pestañas, masajes y otros trabajos. Hasta hace poco estaba contenta porque había logrado inscribirse en una escuela para recibir clases de inglés. Sin embargo, ahora no sabe si podrá seguir yendo.
A ella le desestimaron su solicitud de asilo el año pasado. Después no pudo renovar su licencia de conducir ni su permiso de trabajo. Aunque sigue trabajando por su cuenta, dice que la situación se volvió demasiado pesada. Su familia tiene documentos y puede mantenerse, pero ella no.
«Aquí en la casa obviamente mi familia está en grupos (de WhatsApp) donde los alertan y les mandan mensajes. ‘El ICE está en el centro del Doral; están en tal parte’. Mandan fotos, mandan videos. Yo no he visto muchas cosas porque evito salir, pero ellos me dicen. Negocios de cachapas, tequeños, que hay en todas partes por lo menos aquí en Doral, están cerrando porque tienen miedo», cuenta.
La propia Christi Fraga, alcaldesa de Doral, ha dicho que está recibiendo mensajes de personas preocupadas por su situación migratoria y confirma lo que ya Alanis había descrito: «Hay negocios vacíos, hasta nuestros mismos parques que eran tan alegres no se sienten tan vivos».
En una entrevista, la funcionaria estadounidense contó que en enero estuvo en la Casa Blanca y el presidente Donald Trump le preguntó: «¿Los venezolanos se van a ir? Y yo le dije que no. Le dije: ‘Señor presidente, hay muchos venezolanos que han hecho su vida acá, que sus hijos son ciudadanos americanos, hay familias que han establecido sus negocios, sus inversiones acá y no se van a ir’», relató.
En este contexto, la Alcaldía ha enviado cartas y hecho llamadas a funcionarios federales para plantear su preocupación por las consecuencias de las políticas migratorias en la ciudad, pero Fraga admite que «la verdad llega un punto en el que no sabemos qué más hacer».
Doral es conocida popularmente como «Doralzuela» por el peso de la comunidad venezolana. Para quienes todavía no tienen una situación migratoria resuelta, sin embargo, la pregunta ya no es solamente cómo continuar con su vida en Estados Unidos sino si todavía pueden contar con quedarse.
«No tengo nada ahora mismo. Ni un asilo en proceso, ni una petición. Nada. Una de las opciones viables es casarme, me dijo mi abogado. Eso también es un tema ahorita, entonces es muy estresante», explica Alanis.
El cambio político que entró en el asilo
Lo que está pasando en Doral ocurre, además, mientras los venezolanos con procesos de asilo pendientes intentan entender las consecuencias de la decisión del 4 de septiembre de la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos (BIA, por sus siglas en inglés).
El caso que llegó hasta la BIA es el de una mujer venezolana que había recibido asilo de un juez de inmigración después de demostrar que tenía un temor fundado de ser perseguida si regresaba a Venezuela por su posición política contra Nicolás Maduro.
El gobierno estadounidense apeló esa decisión. La BIA revocó el otorgamiento del asilo y devolvió el caso al juez de inmigración para que lo vuelva a evaluar. La Junta estableció que la salida de Maduro del poder y la transferencia de la autoridad ejecutiva constituyen un cambio en las condiciones de Venezuela que debe ser considerado al determinar si la mujer todavía enfrenta un riesgo de persecución.
La decisión también tomó en cuenta otros cambios en la relación entre Estados Unidos y Venezuela, entre ellos el acercamiento entre ambos gobiernos.
Para la abogada de inmigración Stefanny Mazza, el punto central es que el cambio político puede modificar la forma en que los jueces evalúan el temor futuro de una persona que pide asilo.
«Ellos han determinado que efectivamente, en su opinión, el juez de inmigración falló en determinar que ella calificaba para asilo político», explicó.
La decisión no establece que los venezolanos con solicitudes pendientes hayan perdido automáticamente la posibilidad de obtener asilo. Tampoco declara que Venezuela sea un país seguro declarado así por la BIA. Pero sí marca un precedente dentro del sistema migratorio estadounidense para que los jueces consideren el nuevo escenario político venezolano cuando evalúen estos casos.
Y eso puede hacer más difícil demostrar que una persona que fue perseguida por el gobierno de Maduro continúa teniendo un riesgo de persecución si regresa.
«Esto no quiere decir que todas las cortes de inmigración o todos los jueces van a estar negando todo caso de venezolano que está reclamando asilo político por el régimen de Maduro», dijo Mazza.
En Estados Unidos, además, la situación general de un país no es suficiente para obtener asilo. La persona debe demostrar un temor fundado de persecución por motivos protegidos por la ley y conectar ese riesgo con su situación particular, según relata la abogada de inmigración.
«Muchas personas alegan que la situación del país es la razón por la que no pueden volver. Eso no es suficiente para ganar un caso de asilo político. Hay que demostrar que la persecución fue individualizada», puntualizó Mazza.
Por eso, para los venezolanos con procesos pendientes, una de las preguntas ahora será qué ocurre si la persona fue perseguida directamente por funcionarios del gobierno de Maduro, pero ese gobierno ya no existe de la misma manera.
El cambio político puede ser relevante para el análisis, pero no necesariamente elimina el riesgo individual de una persona. Ese es precisamente uno de los puntos que organizaciones de derechos humanos mantienen en discusión desde hace tiempo.
En una audiencia en julio ante el Congreso de Estados Unidos, Laura Dib, directora para Venezuela de WOLA, había señalado que la salida de Maduro no significó el desmantelamiento del aparato represivo, pues funcionarios señalados por violaciones de derechos humanos sólo habían sido rotados dentro de las mismas estructuras.
Aun así, para los venezolanos que todavía esperan una respuesta migratoria, ambas cosas tendrán que convivir en el mismo expediente; un país que cambió políticamente y, al mismo tiempo, estructuras que organizaciones de derechos humanos consideran que siguen representando un riesgo.
María de los Ángeles Graterol / TAL CUAL
