El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó este miércoles que hasta el momento hay nueve personas detenidas por casos de corrupción en los extintos organismos Cadivi y Cencoex, creados por el Estado para regular la asignación de divisas a personas naturales y jurídicas.

“Por esta trama de corrupción Cadivi y Cencoex en este momento se encuentran nueve personas privadas de libertad y existen 22 órdenes de aprehensión pendientes para su ejecución”, dijo Saab en rueda de prensa.

Señaló que todas las detenciones se han hecho en aeropuertos del país, cuando los investigados intentaban salir del territorio venezolano.

Asimismo, indicó que el Ministerio Público (MP) ha verificado los datos de 32 empresas involucradas en estos casos, de las cuales 26 “no se encontraron”, porque son empresas “fantasmas”.

Los hoy detenidos, Gabriel Peña Riera, María Sigala, Miguel González, Félix Jiménez y otros empresarios, están acusados de delitos como obtención ilícita de divisas, uso de documentos públicos falsos, asociación para delinquir y legitimación de capitales (lavado de dinero).

El titular del MP, desde que fue designado en el cargo el pasado 5 de agosto por la oficialista ANC, se comprometió a luchar contra la corrupción y durante su gestión ha realizado investigaciones en el sector petrolero y en los organismos de entrega de divisas.

También ha acusado a su antecesora Luisa Ortega Díaz de complicidad en algunos casos.

“80 por ciento de las empresas a las cuales la anterior gestión les abrió una investigación le sobreseyeron la causa, es decir, impunidad absoluta, complicidad absoluta (…) porque la inacción y la falta de impulso procesal es tan delictiva como estas personas que cometieron hechos punibles”, prosiguió Saab.

Dijo que “quien amenace al Ministerio Público y al fiscal general de la república es porque se sabe convicto y confeso como corrupto o como delincuente”.

Por otra parte, informó que las autoridades allanaron la empresa Central la Pastora, ubicada en el estado Lara (oeste), y que se solicitó la incautación de sus instalaciones “para ser administradas por el Estado”.EFE