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TSJ ‎avala la reforma de la ley contra el odio y da luz verde a su debate

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela informó este jueves que validó el proyecto de reforma parcial de la ley contra el odio -criticada como un instrumento de persecución contra opositores y cuya derogación piden varias ONG- y dio luz verde para que el Parlamento la debata.

Así lo informó el TSJ en su página web mediante una sentencia de la Sala Constitucional en la que se declaró la conformidad constitucional del proyecto de reforma de esta ley, «todo ello a fin de que se continúe el proceso legislativo para su discusión y aprobación» ante el Parlamento.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, informó este mes que las autoridades venezolanas acusaron de «incitación al odio» a al menos 927 personas desde la aprobación de esta norma, en 2017.

La Asamblea Nacional Constituyente, instalada en 2017 en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, aprobó en noviembre de ese año la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país.

Rodríguez pide una reforma

Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa del entonces presidente Nicolás Maduro para acabar con los supuestos mensajes de «odio» que, según el oficialismo, desataron la ola de protestas que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.

Esta legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados «delitos de odio» y ha sido criticada por defensores de derechos humanos y ONG, como Espacio Público, que en 2023 denunció que ha sido usada como un instrumento «para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder».

La reforma parcial de esta ley se evalúa luego de que en septiembre pasado la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo solicitara al Parlamento, controlado por el chavismo y presidido por su hermano Jorge Rodríguez.

Delcy Rodríguez reconoció entonces que las autoridades aplicaron mal esta ley y la utilizaron de forma abusiva, como denunciaron por años varias ONG y la oposición.

EFE

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