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Nacional
TSJ exhorta a Fiscalía a determinar responsabilidad del Parlamento en actos de usurpación de funciones
24 de enero de 2019
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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) exhortó este miércoles al Ministerio Público (MP) a determinar la responsabilidad de la Asamblea Nacional (AN) en actos de usurpación de funciones.
El presidente de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza, ratificó la nulidad jurídica del Parlamento reiterada el pasado 21 de enero, y resaltó que el Máximo Tribunal determinó que la AN —en desacato y sin Junta Directiva válidamente designada y juramentada— incurre en la usurpación de atribuciones del Poder Ejecutivo modificando la forma de Estado y de Gobierno, al dictar cuatro acuerdos que violan los artículos 137, 138 y 139 de la Carta Magna.
“Se exhorta al Ministerio Público ante la objetiva materialización de conductas constitutivas de tipo delictivo, contemplados en la Constitución y en la ley, para que de manera inmediata proceda a determinar las responsabilidades a que diera lugar de los integrantes de la Asamblea Nacional de conformidad de los textos sustantivos y procesales correspondientes”, expresó el magistrado en transmisión de VTV.
La posición del TSJ se produce tras los últimos acuerdos aprobados por el Parlamento, que incluye la designación de Gustavo Tarre como representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA), una acción que se enmarca dentro del esquema de Estado paralelo impulsado desde el extranjero.
En ese sentido, Mendoza subrayó que con la aprobación de esos acuerdos la AN violenta la Carta Magna al pretender usurpar la competencia del Presidente de la República en cuanto a dirigir las relaciones exteriores del Estado y celebrar los tratados, convenios y acuerdos internacionales, así como su atribución exclusiva de designar los jefes y jefas de las misiones diplomáticas.
Por ello, recordó que todo lo relativo a la acción de Gobierno le corresponde al presidente de la República como titular del Poder Ejecutivo, al tiempo enfatizó que la Sala Constitucional empleará medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución.
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