A partir de las elecciones presidenciales del año 2013 se ha producido un “serio deterioro de la situación político electoral en Venezuela” ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras una denuncia hecha por el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski.

La instancia internacional determinó que el patrón ha quedado de manifiesto con “acciones de represalia contra la oposición política y la creación de obstáculos en el ejercicio de derechos políticos de la oposición, así como la falta de independencia del órgano electoral”.

Asimismo, el organismo condenó el uso inadecuado de recursos públicos para apoyar la campaña del candidato del Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, quien era también el presidente encargado de Venezuela hace once años. 

“La utilización de bienes públicos con fines proselitistas, la participación directa de funcionarios públicos en la campaña electoral, el manejo desproporcionado de los medios de comunicación oficiales en favor de dicho partido político, la presencia de militares con símbolos del partido oficialista en los centros electorales el día de la elección y la represión contra grupos opositores”.

Para sustentar los hechos cometidos la CIDH citó los informes del Centro Carter y del Instituto de Altos Estudios Europeos.

La CIDH inició una audiencia oral y pública el pasado 6 de febrero en San José de Costa Rica luego que el dos veces candidato presidencial acudiera a la instancia para denunciar la violación de sus derechos políticos por la manera como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) respondieron a sus denuncias sobre presuntas irregularidades ocurridas en los comicios de 2013, donde Nicolás Maduro  ganó con una ventaja de 1,49 % de los votos.

A finales de 2022 el caso llegó a la corte, luego que la CIDH determinara que el Estado venezolano violó los artículos 23, 13, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ramón José Medina, abogado de Capriles, señaló que el CNE, el TSJ y el Consejo Moral Republicano “han sido miembros activos del partido de Gobierno”.

Con información de Runrun.es