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Venezolanos en el exterior denuncian trabas para registrarse como afectados por los terremotos #21Ago

Venezolanos residentes en el extranjero que perdieron sus viviendas en La Guaira tras los terremotos del 24 de junio denuncian que no han podido registrarse en el censo oficial de afectados debido a trabas burocráticas que, según sus testimonios, les exigen estar físicamente en Venezuela.

Uno de los casos es el de Tibisay Ramos, de 63 años, quien vive desde hace año y medio en San Lorenzo, Paraguay. Ramos es propietaria de un apartamento en Playa Grande que quedó inhabitable tras el doblete sísmico.

La vivienda, adquirida como resultado de sus años de trabajo, se convirtió posteriormente en una fuente de ingresos para Ramos, quien la puso en alquiler después de emigrar. Ahora, además de enfrentar la pérdida de su propiedad, asegura que tampoco ha podido incorporarse al censo único de viviendas habilitado por las autoridades.

Ramos otorgó un poder notariado a su hermano para que realizara el trámite en su nombre. Sin embargo, según relató, el hombre acudió a las oficinas del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat en Caracas y no pudo completar el registro.

“Le respondieron que no lo podían atender, que tenía que ir el propietario directamente”, contó.

De acuerdo con su testimonio, alrededor de otras 20 personas que se encontraban en una situación similar también fueron rechazadas bajo el argumento de que el trámite debía realizarlo personalmente el dueño del inmueble, incluso cuando este se encontrara fuera del país.

“No dejamos de ser venezolanos por salir del país”

La situación ha generado cuestionamientos sobre el alcance del censo y la capacidad del Estado para incorporar a los venezolanos que viven en el extranjero, pero que mantienen propiedades en las zonas afectadas.

Ramos considera que la exigencia de presencia física constituye un trato discriminatorio. “No soy menos propietaria que quienes están viviendo allá”, afirmó.

La venezolana explicó que su intención no es necesariamente recibir una vivienda nueva, pues no contempla regresar a Venezuela, sino obtener un documento que certifique la afectación de su propiedad y que pueda servirle para futuros trámites relacionados con el inmueble y el terreno.

“No dejamos de ser venezolanos por el hecho de salir del país”, reclamó.

El problema adquiere mayor dimensión en un país con una extensa población migrante. Según las cifras citadas en el reporte, alrededor de 7,9 millones de venezolanos han salido del país durante los últimos años.

Mientras tanto, el balance oficial difundido el 24 de julio contabilizaba 17.907 damnificados y 23.811 personas ubicadas en 107 campamentos transitorios. Posteriormente, la ministra de Vivienda, Paola Posani, informó que el censo único había registrado a más de 40.000 familias, equivalentes a unas 128.000 personas.

Venezolanos en Madrid también denuncian obstáculos

Desde Madrid, España, Aimée Ceballos, de 44 años, relató una experiencia similar. La venezolana emigró en 2016 y afirma que tampoco ha podido registrarse como afectada por los daños sufridos por su propiedad en Playa Grande.

Según explicó, un familiar acudió al censo con sus documentos, pero los funcionarios le indicaron que era necesaria la huella dactilar de la propietaria.

Ceballos aseguró que incluso le plantearon informalmente la posibilidad de utilizar la huella de otra persona que no se hubiera registrado, una alternativa que rechazó.

La situación se complica para quienes no cuentan con familiares cercanos en Venezuela. La venezolana señaló que algunos propietarios en el exterior tienen familiares de avanzada edad que también resultaron afectados y no están en condiciones de trasladarse hasta Caracas para realizar trámites.

“Parece que los que estamos fuera del país no existimos o no tenemos derecho a nada”, manifestó.

Ceballos recordó además que muchos venezolanos que emigraron mantuvieron sus viviendas en el país como una forma de generar ingresos mediante alquileres y sostener sus gastos en el extranjero.

Un censo que enfrenta el reto de incluir a la diáspora

Los testimonios de Ramos y Ceballos plantean un problema adicional en la respuesta posterior a los terremotos: cómo garantizar que los venezolanos que viven fuera del país y conservan propiedades en las zonas afectadas puedan acreditar legalmente los daños sufridos.

Para estas propietarias, el reclamo no se limita a recibir una eventual solución habitacional. También buscan que el Estado reconozca formalmente que sus inmuebles resultaron afectados y les permita ejercer sus derechos sin que su residencia en otro país se convierta en una barrera.

“El hecho de que uno resida en otro país no significa que no estamos pendientes de Venezuela y de nuestra propiedad, que nos costó mucho adquirir”, sostuvo Ceballos.

EL IMPULSO