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Venezuela anuncia su retiro de la Corte Penal Internacional

El Gobierno de Venezuela anunció este viernes su decisión «firme e irrevocable» de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), por considerar que ese organismo responde a un «sesgo» que ha concentrado su labor de manera «desproporcionada» en países africanos y latinoamericanos.

«Este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía», señaló el canciller venezolano, Félix Plasencia, en un comunicado publicado en X.

Además, dijo que por órdenes de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se comunicó de esta decisión al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

Plasencia sostuvo que el «sesgo» de la CPI no es una simple coincidencia procesal, «sino el reflejo de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger».

«Por eso rechazamos esta dimensión de lawfare, que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir», agregó.

Asimismo, el canciller reiteró el compromiso de Venezuela con una justicia genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos».

La historia de tensión

En diciembre pasado, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad una ley que deroga la adhesión del país al Estatuto de Roma con el fin, según dijo el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, de «denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje» de la CPI.

La norma la sancionó el Parlamento después de que la Fiscalía de la CPI anunciara, el pasado 1° de diciembre, el cierre de su oficina técnica en Caracas, al advertir una falta de «progreso real» con Venezuela en materia de «complementariedad», principio que exige al país investigar seriamente los crímenes de los que se les acusa antes de que intervenga este tribunal. (EFE)