En una declaración pública, el historiador Walter Márquez, defensor de los Derechos Humanos y presidente de la Fundación El Amparo Internacional, criticó contundentemente al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, por su inacción en el caso Venezuela I, que involucra crímenes de lesa humanidad en el país sudamericano. Márquez acusa al fiscal de utilizar el principio de complementariedad como una táctica dilatoria para retrasar el progreso de la investigación, a pesar de que tal principio se aplica en la CPI únicamente cuando las instancias nacionales se han agotado o no actúan. En su opinión, tal situación interna es una realidad jurídica en Venezuela.

Según Márquez, instituciones como la Misión Internacional Independiente de Verificación de los Hechos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han documentado en los últimos años la falta de una administración de justicia efectiva y la inexistencia de independencia en el poder judicial venezolano. Ante esta realidad, Márquez argumenta que no se puede seguir hablando de complementariedad. En su declaración, enfatiza que «el deber del fiscal es actuar y enjuiciar a Nicolás Maduro y a los miembros de su cadena de mando».

De manera enfática, Márquez rechaza los argumentos presentados por Khan ante la Asamblea de los Estados Parte reunida en La Haya entre el 02 y el 07 de diciembre y exige que el fiscal cumpla con su obligación de emitir una orden de captura contra Nicolás Maduro, a quien identifica como el principal responsable de los crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela. Márquez resalta que, Maduro es responsable de los Crímenes de Lesa Humanidad como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada, lo que incluye su responsabilidad personal en los hechos denunciados, según el Estatuto de Roma.

Muchos observadores internacionales, considera Márquez que al hablar de complementariedad, se estaría prolongando injustificadamente un proceso que debería concentrarse en enjuiciar a altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro junto a su cadena de mando. A la luz de estas preocupaciones, se subraya que más de 11,500 víctimas han buscado justicia entre 2023 y 2024 a través de la Sala de Asuntos Preliminares y la Sala de Apelaciones de la CPI.

La fiscal anterior, Fatou Bensouda, fue criticada por demora en los exámenes preliminares, y ahora el fiscal Khan enfrenta acusaciones similares al invocar el principio de complementariedad.

La declaración de Walter Márquez dijo refleja una profunda preocupación de las víctimas tras 22 años esperando justicia, recordando que Hugo Chávez Frías murió en el poder sin haber sido juzgado por los abusos cometidos durante su mandato. Además, destaca que las denuncias contra Nicolás Maduro han permanecido sin respuesta durante más de una década.

Márquez subraya que Karim Khan, quien lleva más de tres años al frente de la investigación, no ha actuado diligentemente a pesar de las abundantes pruebas presentadas. En su declaración, hace un llamado a que haya justicia en La Haya y exige que se emita de inmediato una orden de captura internacional contra Nicolás Maduro.

La declaración de Márquez «busca llamar la atención sobre la urgencia de una resolución en el caso Venezuela I, que reclama verdad, justicia y reparación para las miles de víctimas del gobierno de Maduro, tal como lo requirieron en la Asamblea de los Estados Parte los gobiernos de Argentina, Panamá y Uruguay, quienes manifestaron su preocupación por la injustificada demora en la tramitación del expediente sobre crímenes atroces cometidos y que se siguen cometiendo en Venezuela, a su vez expresaron desacuerdo con la lentitud de la investigación por el fiscal de la corte a pesar de las evidencias presentadas y exigieron a la CPI acelerar la investigación sobre estos crímenes».

NDP

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