Opinión
Autonomía universitaria con excelencia

Luis Fernando Ibarra*

La universidad es la institución más valiosa que ha producido la civilización democrática. En su seno se forman los profesionales, se cultiva el pensamiento crítico, se preserva el conocimiento y se generan las ideas que impulsan el progreso científico, económico y cultural de las naciones. No es casual que el avance de las universidades modernas esté estrechamente vinculado al desarrollo de las libertades públicas: donde prospera la democracia, también florecen instituciones autónomas, críticas y excelentes. Por ello, quienes creen en los valores democráticos deben defender la autonomía universitaria. Sin embargo, esa misma defensa exige el coraje de examinarla críticamente. Reconocer su trascendental misión no implica convertirla en una estructura intocable o inescrutable; por el contrario, su desempeño debe estar sometido a un permanente proceso de revisión pública y perfeccionamiento.

Durante décadas, Venezuela ha sufrido un profundo deterioro institucional que ha permeado casi todos los ámbitos del acontecer nacional. Fenómenos como la corrupción, el clientelismo y la sustitución del mérito por lealtades personales o partidistas se convirtieron en prácticas habituales. Ninguna institución humana está exenta de errores, y ninguna puede sustraerse por completo a las malas influencias de la sociedad que la rodea. Sería ingenuo desconocer la realidad para suponer que las universidades son inmunes a su entorno; por el contrario, muchas terminaron absorbiendo dinámicas que contradicen su esencia original. Así, la autonomía universitaria, una conquista histórica fundamental tras la caída de la dictadura en 1958 para blindar la libertad académica frente a las presiones del poder político, terminó siendo interpretada en algunos casos como una patente de corso para impedir cualquier evaluación de sus mecanismos internos. Autonomía no debe significar ausencia de rendición de cuentas ni inmunidad frente a la crítica. En este contexto, se hace indispensable revisar uno de los dogmas más arraigados de la cultura académica venezolana: la creencia de que la democracia tumultuaria y el voto gremial constituyen la vía idónea para conducir la academia.

Someter la gestión de una institución dedicada a la investigación y a la excelencia intelectual a dinámicas electorales idénticas a las de la política partidista es una ingenuidad antiacadémica. Bajo este esquema, el candidato más competente rara vez coincide con el más popular. Al trasladar las pasiones asamblearias al campus, el mérito se subordina al clientelismo: los aspirantes a cargos de dirección se ven forzados a recorrer pasillos negociando dádivas individuales o tejiendo alianzas basadas en intereses grupales antes que en proyectos científicos. De este modo, la universidad deja de ser una comunidad orientada a la búsqueda del conocimiento para transformarse en un escenario de disputa partisana, donde las fuerzas sindicales y las facciones políticas capturan la voluntad del electorado, imponiendo una gestión de complacencias que destruye el rigor académico.

La experiencia internacional demuestra que la excelencia académica no depende de mecanismos de elección directa. En los sistemas universitarios más exitosos del mundo, como en las mejores universidades públicas estadounidenses, las máximas autoridades no se eligen mediante campañas sindicales ni componendas gremiales. Su designación corresponde a cuerpos colegiados externos de alta calificación, como las Juntas de Regentes, integradas por miembros de reconocida trayectoria profesional, científica y empresarial. Estos organismos realizan búsquedas rigurosas a nivel nacional e internacional para identificar a directivos con competencias específicas en liderazgo, planificación estratégica y procuración de recursos, blindando a la institución de las pasiones coyunturales y asegurando una verdadera rendición de cuentas.

Naturalmente, no se trata de copiar mecánicamente modelos extranjeros, sino de encontrar soluciones adaptadas a la realidad venezolana. Actualmente, conviven en el país metodologías diversas; por ejemplo, mientras las universidades autónomas tradicionales eligen directamente a sus autoridades, la Universidad Nacional Experimental del Táchira sigue un proceso que culmina con la elevación de una terna al Ejecutivo, un reglamento que sectores de la propia comunidad a veces pretenden desconocer para forzar la designación del ganador de la contienda.

Para superar estas tensiones y corregir la degradación académica que produce la elección directa en entornos institucionales débiles, es preferible transitar hacia un modelo mixto. Este diseño incorporaría un Consejo Superior o Junta Honorable encargado de actuar como un filtro ético, técnico y académico. Sus integrantes tendrían la responsabilidad de evaluar los perfiles para eliminar al demagogo o al astuto sin credenciales, garantizando que cada integrante de la lista que se ofrece al claustro sea, por definición, excelente. Al votar posteriormente sobre esta terna preseleccionada, la comunidad universitaria retiene su derecho a elegir la visión institucional que prefiere, sea esta más tecnológica, social o vinculada a la industria, pero sin el riesgo de legitimar la mediocridad.

Las universidades fueron concebidas para formar ciudadanos libres, profesionales competentes y líderes intelectuales. No para convertirse en escenarios permanentes de negociación sindicalera ni en trincheras para reparto de cuotas de poder. La discusión sobre su gobierno y funcionamiento no puede convertirse en un tabú. La verdadera defensa de la universidad no consiste en preservar estructuras viciadas. Defender la universidad significa asegurar que continúe siendo un espacio de excelencia intelectual, producción científica y formación ciudadana. Significa tener el coraje de reconocer sus fallas y la voluntad de corregirlas. Significa colocar nuevamente el mérito por encima de la conveniencia individual, la excelencia por encima de la popularidad y la producción de conocimiento por encima de los intereses del montón. Las universidades son demasiado importantes para permanecer alejadas del escrutinio público ciudadano. Son demasiado valiosas para convertirse en feudos gremiales. Y son demasiado necesarias para el futuro de Venezuela.

Un siglo después de la Reforma Universitaria de Córdoba cabe preguntarse si las propuestas organizativas del pasado siguen siendo adecuadas para formar a los profesionales que competirán en el mundo altamente tecnificado del siglo XXI. Para contribuir a la recuperación democrática e institucional de Venezuela, la universidad debe primero reconstruirse a sí misma. La pregunta esencial es sencilla: ¿el método actual de selección autónoma de autoridades está promoviendo la excelencia o está reproduciendo los mismos vicios clientelares que tanto daño han causado al país?

*Ingeniero. Universidad Nacional Experimental del Táchira.