Opinión
Ciudades Expósitas

Luis Fernando Ibarra*

Caminar o conducir hoy por San Cristóbal, por zonas que antaño fueron orgullo del urbanismo residencial, como Barrio Obrero, es someterse a una vivencia de indignación constante. Sentir que el espacio público no pertenece a los ciudadanos, sino al mejor postor o al más audaz, es la dolorosa constatación de un caos consentido por quienes tienen la obligación legal de ordenar la ciudad. La anarquía del espacio público en esta capital es una realidad verificable. Hace un par de décadas, la defensa del espacio común casi dependía del temperamento individual. Más de una vez, ante el abuso de comerciantes que pretendían adueñarse de la calzada pública colocando sillas o conos para reservar “su estacionamiento”, tocó bajarse del auto con determinación, apartar el obstáculo y ejercer el derecho ciudadano a la libre circulación. Lamentablemente, esa firmeza ha sido sustituida por una tangible docilidad. La ciudadanía se ha convertido en una raza mansa, que de brazos cruzados contempla el atropello diario como si fuera un problema ajeno o un paisaje inevitable. El ciudadano que calla, que no reclama y que prefiere esquivar el abuso antes que denunciarlo, sin derecho a queja se vuelve cómplice silencioso de la pérdida de su propia calidad de vida.

Hoy el abuso casi se ha institucionalizado bajo la mirada complaciente, y sospechosamente silente, de las municipalidades. Hemos pasado de la silla en la calle a la ocupación permanente del espacio común. Bajo cualquier lógica de ingeniería de tránsito o urbanismo, ¿cómo explicar que en una transitada carrera de Barrio Obrero se estacione de forma perpetua un enorme autobús de doble piso para usarlo como comedor? Mientras los comensales desde las alturas del vehículo disfrutan de una “vista bonita“, la ciudad pierde un canal de circulación, se obstruye la visibilidad, se violan las variables urbanas fundamentales y se sienta un precedente anti ciudadano. El mal interpretado “derecho de frente” se ha convertido en patente de corso para hacer lo que a cada uno le dé la gana. Lo mismo se observa en otros sectores donde amplios tramos de la acera, carrera o calle son utilizados como espacios privados propiedad de astutos comerciantes. Impensable creer que en una taquilla municipal se pudiesen autorizar permisos para privatizar los espacios públicos.

Pero el abuso no es exclusivo del mercantilismo rampante; la prepotencia institucional también ha reclamado su cuota de impunidad vial. El ejemplo más flagrante lo sufren vecinos con el estamento militar, que en abierto desafío a la ley se adueña de calles residenciales enteras. En plena zona de Barrio Obrero, las cercanías de la brigada militar fueron clausuradas al libre tránsito ciudadano mediante la instalación arbitraria de sendos portones de hierro enrejados, asumiendo una arteria vial como si se tratara de un feudo de cuartel. Este atropello de uniforme no es una exclusividad del militarismo, como ejemplo aún peor y más antiguo: una institución como la Universidad Católica del Táchira, también se apropió de una calle pública casi integrándola a su planta física tal si fuese su patio particular. En ambos desmanes contra la civilidad, no hubo defensa citadina. Si las armas, el poder político y las instituciones educativas actúan como los principales transgresores de la geografía urbana, ¿con qué moral pudieran las autoridades exigirle orden al ciudadano “de a pie”?

Ante este escenario, resulta evidente el silencio de las instituciones que deberían ejercer el contrapeso moral y técnico. Por un lado, las universidades de la región, incluyendo aquellas que en sus aulas imparten las carreras de Arquitectura e Ingeniería Civil, parecen haber optado por el repliegue intramuros, abdicando de su rol como faros críticos de la sociedad. Por el otro, los colegios profesionales de Ingenieros, Abogados, Arquitectos, Médicos, y hasta las representaciones sindicales o los Centros de Estudiantes han demostrado una incapacidad ominosa para usar su innegable peso social. ¿Dónde están los pronunciamientos públicos, las demandas gremiales o la exigencia de rendición de cuentas ante el caos que afecta la salud pública, la seguridad vial y el marco jurídico de la ciudad? Al diluirse en la inercia y su actividad interna, esas organizaciones dejan desamparada a la comunidad que siempre debieron liderar.

Estas renuncias compartidas, la de las alcaldías a su rol de fiscalizadoras, la de la academia y los gremios a su peso institucional, la de los ciudadanos a su derecho a reclamar, aunque parecieran negligencias inintencionales menores, son una política de abandono que a largo plazo cobra vidas. El devastador sismo que acaba de sacudir al país no fue un accidente aislado de la naturaleza; fue una advertencia tardía que estalló en la cara de todos. La ingeniería forense determinará las causas técnicas, pero la crónica urbana ya adelanta el diagnóstico: la desidia y la corrupción en las cadenas de permisología e inspección pudieran ser corresponsables de más de un edificio caído y de incontables homicidios culposos. Cuando las oficinas de ingeniería municipal se convierten en aduanas de cobros informales, cuando se deja de exigir el estudio de suelos y se relaja la norma sismorresistente, el desenlace deja de ser una posibilidad, y se convierte en una certeza escrita de antemano. San Cristóbal todavía conserva sectores de baja densidad, un margen de calidad que no debe mirarse como garantía ilimitada en el tiempo, sino como una tregua nacional para revisar en todo el país la cabalidad de los procedimientos y el comportamiento de los funcionarios responsables. Una ciudadanía organizada asumiría el reto de indagar las condiciones de construcción de sus edificaciones públicas y privadas. Porque si la ciudadanía sigue callada, si los profesionales del área siguen mirando hacia otro lado y si las instituciones rifan el espacio público al mejor postor, las ciudades, además de vivir en caos, también corren el riesgo de perecer bajo escombros anunciados. Las aceras, las calles, las oficinas de servicio público de cualquier ciudad no son propiedad del gobernante de turno ni del comerciante de moda. Son heredad de todos, y ese patrimonio colectivo exige, con urgencia, sacudirse la anestesia, recuperar instituciones dignas, y hacer valer, de una vez por todas el imperio de la ley.

*Ingeniero de Sistemas.