Matheo Jaimes representará al Táchira en el torneo Nacional de Beisbol Sub 4
25 de noviembre de 2024
Alejandro Bautista González
Ante la perspectiva de un próximo cambio de timón en la conducción del país, vista la mala situación porque la que atravesamos, se percibe al pueblo mayoritario de Venezuela hastiado, en su angustia creciente del día a día; desidia y desprecio por el pueblo de sus gobernantes, que se muestran desatinados en su accionar administrativo y en la pobreza de sus políticas públicas; la alta incidencia de corrupción administrativa constituye un flagelo al erario público que lo desangra. Una afrenta para la sociedad. Para colmo de males, en el caso de Venezuela, la corrupción no ha sido combatida con ímpetu y eficacia, por lo que se afianza en un cómodo aliado, cual es la impunidad.
Impune es lo que queda sin castigo. Para el teólogo y jurista español Joaquín Escriche, en el Diccionario razonado de jurisprudencia y legislación, impunidad “Es la falta de castigo, esto es, la libertad que un delincuente logra de la pena en que ha incurrido”. Sigue manifestando que “La impunidad” puede provenir de no haberse descubierto el delito o su perpetrador, de no haberse probado la delincuencia o criminalidad del acusado, de haberse sustraído el delincuente por la fuga o por el refugio en lugar de asilo, de haber obtenido perdón o indulto, o de haber quedado prescripta la acción criminal. Aquí el dilema y temática central, sobre el cual haremos algunas reflexiones, que afecta la credibilidad y la desconfianza en los políticos y funcionarios al servicio del Estado.
La corrupción no es un fenómeno nuevo en la historia de Venezuela. La corrupción es un ilícito que se ha venido repitiendo en la mayoría de sus gobiernos, desde que es República. No es un fenómeno nuevo. Ya en 1813, Simón Bolívar, desde su cuartel general de Puerto Cabello, dictó un decreto de severas consecuencias para aquel que se apoderara de los dineros del Estado; el decreto decía que a quien se le comprobara que se había apropiado indebidamente de los recursos del fisco sería pasado por las armas. Los males de la República son de larga data. Proliferó grandemente en la segunda parte del pasado siglo, creciendo desproporcionadamente en todo lo que va del nuevo milenio. Se conforma así una imagen -no tan desfasada- de la realidad cotidiana, pero altamente preocupante para el grueso de la población venezolana, quien ve con desdén a los políticos y funcionarios de la Administración pública, señalándolos como depredadores potenciales del erario y obscuros manipuladores de su manejo y conducción. He aquí la razón del rechazo y pérdida de su confianza.
Despotricar de los políticos y hacerlos culpables de todos los males del país, no es lo justo. Político o no, cualquier individuo que tenga a su cargo el manejo de recursos, si no tiene una sólida formación moral y respeto por las leyes, reglamentos y normativas, para el manejo de un país y su Administración pública, tiene la probabilidad de sentirse tentado de desviar la rectitud y honestidad de su conducta, si observare que existen rendijas por las cuales colarse y obtener algo sin peligro de ser detectado, máxime, si existe ausencia, deficiencias o negligencia para hacer cumplir las leyes en la materia por las cuales pueda ser enjuiciado. Entonces, la falta de leyes severas anticorrupción resulta la causa y no los políticos o cualquier otro. Dinamarca, Nueva Zelandia, Suecia y Singapur, al cierre de 2019, resultaron los cuatro primeros países con menor índice de corrupción en el mundo. En ellos, los funcionarios públicos, poseedores de altos valores éticos, reciben pagos «justos y realistas», pero salarios bastante elevados que se comparan con el sector privado para que no sean tentados por los sobornos. Contradictoriamente, al cierre de este mismo año, Venezuela aparece ocupando el deshonroso puesto 176 en el ranking del Índice de Percepción de la Corrupción 2019, elaborado por la ONG Transparencia Internacional. Es, además, el país más corrupto de América y el Caribe.
Los constantes actos de corrupción han puesto en precario la credibilidad de nuestro país en el ámbito internacional, como un verdadero Estado de Derecho. Para derrotar la corrupción de la Administración pública y lograr que políticos y funcionarios recuperen la confianza de su pueblo, se debe educar desde temprana edad en el conocimiento, importancia y necesidad de inculcar en el niño y adolescente, valores éticos que moldeen su personalidad en el manejo y respeto de los bienes comunes y del Estado. Igualmente, se deben adoptar medidas de políticas de prevención, control y combate a la corrupción que, mediante un riguroso marco legal, permitan que el país reduzca la magnitud de este flagelo.
*Doctor en Cooperación Internacional. Integración y Descentralización: Los Desafíos del Desarrollo Internacional
En penumbra más de 60 familias de Ureña por avería de transformador
25 de noviembre de 2024
