Opinión
¿Cómo se sentirá socialmente la reforma a la ley del servicio eléctrico?

Julio César Hernández

                                                                                                                         

EL PROBLEMA

Si hay anormalidad, en la prestación del servicio público eléctrico, es la que tiene que ver con los constantes apagones en el estado Táchira, que cada vez más, se han acrecentado en sus interrupciones o duraciones. Prueba de lo anterior, es que se observa en las redes sociales o en la prensa digital, denuncias formuladas por las diferentes comunidades, víctimas de los mismos, llegándose incluso a conocer opiniones clínicas, que advierten sobre el daño que, a la salud mental, estas continuadas y gravísimas fallas han producido, que se suceden sin que las autoridades competentes den la cara, impidiéndose el desenvolvimiento normal de la vida, en sus diversos planos, por esa falta de un mínimo de atención estatal, tanto a la normalización, como a los usuarios del servicio.       

PRETEXTO

Es importante destacar de lo expresado, que el término apagones, ha sido “ironizado” por la Administración competente en brindar el servicio eléctrico de manera continua y por ende ininterrumpida, llamándolo “administración de carga”, para intentar hacer creer que socialmente, esa terrible disfunción, es una situación previsible de la prestación del servicio eléctrico. Sin embargo, al revisarse la recién derogada Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, en el artículo destinado a la definición de términos, no aparece la mal llamada y muchas veces utilizada, administración de carga, la cual, a nuestro juicio, es una mala excusa, con apariencia técnica, para intentar justificar una ineficiente e ineficaz gestión, que, por más de 15 años, no ha podido, con esta crisis.

OMISIONES

Esa negligencia y falta de gestión, por supuesto, se sumó a otras causas que, a nivel nacional, dieron al traste con el adecuado y suficiente suministro de energía eléctrica a los distintos sectores de la población venezolana. En tal sentido, al gobierno autoritario, le faltó capacidad para formular políticas públicas en el sector, para diseñar procesos administrativos de planificación, para invertir en el mantenimiento y ampliación de las infraestructuras eléctricas del país, para establecer geográficamente áreas estratégicas de producción, lo que trajo como consecuencia que, la Gran Represa del Gurí o el Complejo Hidroeléctrico Uribante-Caparo, por ejemplo, fueron paulatinamente descuidados, producto también del latrocinio que se cometió contra ese sector y por ende, contra el derecho a tener calidad de vida.  

LATROCINIOS

Respecto de esto último, todavía se recuerda que, durante más de dos décadas de gestión oficialista, se destinaron aproximadamente 105 mil millones de dólares al sector eléctrico y el mismo está colapsado. En ese orden de ideas, la ONG-Transparencia, publicó como un caso emblemático que, evidenció el manejo opaco y ventajoso de la asignación de contrataciones destinadas a atender el sistema eléctrico, fue el caso de la empresa Derwick  Associates, en octubre de 2009, propiedad de Alejandro Betancourt que, suscribió con la fenecida Electricidad de Caracas, contrato por 198 millones de dólares, sin licitación, para el equipamiento y construcción de la planta de Picure, en La Guaira, todo lo cual resultó un verdadero fiasco, al no tener experiencia en el sector, ni cumplir con las formalidades legales, para contratar con el Estado venezolano.

MENOSCABO DEL SISTEMA

Producto de una gestión gerencial, ineficiente e ineficaz, en cada zona del país, que no tuvo la integridad moral y política para alzar sus voces, contra la desidia centralista, para reclamar los daños que se causan consuetudinariamente a la calidad de vida de la gente, el sistema quedó prácticamente inservible, pudo más, la conveniencia de estar apegado a un cargo público, para servir a la revolución, que servir a los ciudadanos, como lo ordena la Constitución. Buscar recursos financieros, materiales y humanos que, sirvieran para mejorar el sector, fue una responsabilidad olvidada, para infortunio de los venezolanos. Hoy, sancionada la reforma a la ley mencionada, no se lee nada, sobre exigencias profesionales, morales y ciudadanas, para ocupar los cargos gerenciales a ocuparse.     

MODELO FRACASADO

Otra razón, para entender el fracaso del modelo de gestión socialista, se encuentra en la recién derogada Ley Orgánica del Servicio Eléctrico, que data del año 2010, en donde se estableció como gruesa directriz legal, prestar el servicio eléctrico, bajo ese modelo, donde el Estado asumió de manera exclusiva y excluyente, la prestación del servicio, sin cumplir en estos más de tres lustros, con las formalidades señaladas en párrafos anteriores, de las cuales tampoco se informó absolutamente nada, ni se  les exigió cuentas, a pesar de lo estratégico que resultaba para la población venezolana, conocer a fondo, los supuestos logros del modelo de gestión socialista, cuyos representantes, se dedicaron a defender su ideología socialista ante EEUU, en lugar de darle mantenimiento a todas sus acometidas y sistemas.       

LA REFORMA

Ante ese sintético cuadro del sector eléctrico venezolano, se reformó en la Asamblea Nacional,  Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, uno de cuyos cambios más relevantes, será el de promover el regreso de la inversión privada  y extranjera al sector, aunque el Estado a través de su Poder Público, mantendrá el rol rector sobre el funcionamiento del sistema, esto es, conservará la facultad de dirigir, supervisar, controlar y revocar las actividades que puedan adelantar los privados en los distintos procesos a implementarse dentro de las instalaciones eléctricas y qué destino se dará a los equipos existentes, ambos, con un enorme valor estratégico por su funcionalidad, dado que se deben articular, para prestar un servicio público satisfactorio, con la potencia eléctrica requerida, dado el crecimiento y necesidades del país.

¿EL POR QUÉ?

La Ley a reformar, acepta que el Estado por sí solo, no cuenta con los recursos suficientes para rescatar el sistema eléctrico, ergo, lo más probable es que se recurra a los contratos de concesiones, de hasta 25 años de duración, cuando se trate de generar electricidad, “superior a los 50 megavatios para grandes infraestructuras o que afecte bienes de dominio público, sistemas de transmisión troncal o la distribución y comercialización en áreas de servicio exclusivo”, entre otros, requiriéndose cientos de millones de dólares en capital inicial, para adquisición de turbinas, transformadores de potencia, obras civiles e interconexión a la red nacional, todo de manera gradual, que parece ser el propósito, de la aplicación de los contratos administrativos de concesión, cuyas cláusulas deberán prever, la amortización en el tiempo de la deuda que se le avecina al país, a la vez que cubrir el costo de las inversiones.   

TARIFAS

Un aspecto en el que se deberá profundizar en la reforma es el atinente a la fijación de una tarifa indexada con base al costo de la moneda extranjera de mayor valor, y los informes técnicos, sobre los costos reales del servicio, y para los ciudadanos, se asignará un subsidio por cada factura. Sin embargo, se agrega, esa tarifa real, debería ser proporcional al nivel de ingresos de las familias venezolanas, los que igualmente deberían ser indexados periódicamente, por lo que, la ley reformada, seguramente deberá fijar un plazo perentorio, para cancelar ese subsidio por el servicio público recibido, que tendrá que observar las características propias del mismo, para elevar las actuales condiciones de vida, conculcadas por esa cadena de apagones. De la misma manera, establecer sanciones pecuniarias en caso de demoras y, los mecanismos administrativos para obtenerlos con prontitud. En todo caso, los legisladores, deberán recordar que esa medida, deberá respetar el Estado Social constitucional.  

NUEVO ENTE

En la reforma recién hecha, probablemente nazca, la Superintendencia del sector eléctrico, separada del actual operador y prestador del servicio que, es la Corporación Eléctrica Nacional S.A. conocida como “Corpoelec”, la que tendría como funciones básicas, la supervisión e imposición de sanciones respecto de las operaciones y demás actuaciones, del operador y prestador del servicio. Lo que aún, no conocemos, es si se le otorgó “autonomía funcional”, para que su delicada labor se cumpliera, libre de presiones políticas o partidistas, lo que supondría que la designación de sus autoridades, procedería del órgano legislativo nacional, que además le establecería sus respectivas funciones, tiempo de duración en el cargo y modo de destitución, entre otras características.  

ADVERTENCIAS

Una voz crítica a esta reforma, es la del administrativista, José Ignacio Hernández, para quien “permitir nuevamente la participación privada, no solucionará por sí sola la crisis”. Argumenta este experto que, el sistema arrastra una infraestructura deteriorada, que, además, existen problemas de generación y transmisión, una facturación colapsada y que, CORPOELEC, evidencia graves fallas operativas y de gobernanza. Antes de liberalizar el sector, afirmó el autor citado, “hay que hacerlo nuevamente viable para invertir”, o sea, el Gobierno tendrá que ponerlo mínimamente operativo, por lo que, estas observaciones, podrían resultar muy pertinentes, dado que, nada se haría con reformar la ley, abrir espacios al capital privado y que no aparezcan inversionistas de ese sector o el negocio, no les resulte atractivo.

PERTINENCIA DEL TEMA

Al finalizar, la presente opinión, se reitera que el tema del servicio público de electricidad, debe estar en el interés primario de los ciudadanos, por los efectos que viene causando, lo que exigirá, además, no cansarse en su tratamiento, si queremos tener bienestar integral, seguridad y tranquilidad en la vida cotidiana. Ojalá haya más difusión pública sobre los términos de la reforma, para su análisis social. Al respeto, Elías Matta, explica que, “por primera vez, se sabrá cuánto cuesta realmente la electricidad y cuánto pagarán, tanto el Estado, como los usuarios”, con base a la calidad de servicio recibido. Que, como servicio público, se cobre, tomando en cuenta los niveles de ingreso de la población y, el tamaño económico del consumidor. Seguiremos comentando al respecto.