Opinión
De la hegemonía a la institucionalización

 Julio César Hernández

ESTATUS

Estamos contestes que en la actualidad, las instituciones venezolanas, son tan débiles que no pueden mediar en los conflictos existentes (Huntington), de ahí la imperiosa necesidad de  “institucionalizar” el Poder Público, que a nuestro juicio no es otra cosa, que lograr que, las Instituciones oficiales, recuperen sus prácticas democráticas y jurídicas, independientes entre sí, y honestas en su actuar, para de esta manera tratar de alcanzar una mejor convivencia ciudadana, una sana cultura política y la legitimidad de las mismas, lo que por supuesto redundará en el mejoramiento de la imagen del país, tan atrasado institucionalmente.

DESESTITUCIONALIZACIÓN

Y es que nuestro país, en los últimos 27 años, ha vivido una larga noche de “incertidumbre”, en donde la ciudadanía ha tenido todas la de perder, cuando tenía asuntos por resolver, frente al Poder Público, que se “desestitucionalizó”, para defender, prevalidos de la seguridad que les daba el aparato represivo, las arbitrarias decisiones del gobierno, con lo que, esas instituciones, perdieron su razón de ser, ya que dejaron de servir a la justicia, a la paz, a la ética republicana, a los ciudadanos y a la soberanía popular, entre otros aspectos, que le daban vida vigorosa a nuestra república, para servir a una decadente ideología.                 

NI LEY-NI DERECHO

En tal sentido, es  un hecho innegable que, desde hace años, el Poder Público venezolano, dejó de estar sometido a la Constitución y a la Ley, para cuadrarse incondicionalmente con el caudillo de la revolución primero y luego, con quien se proclamó su hijo, aunque no lo fuese parentalmente, sino políticamente, dado que, en nuestro país, no se hacía política de Estado, sino política emocional y de legados, lo cual, facilitó el desmoronamiento de la Instituciones oficiales, que hizo que, sistema de contrapesos quedara desarmado, para quedar convertido en una estructura unificada, sometida a la autoridad única del caudillo.    

IDOLATRÍA

Fue así, como los distintos poderes públicos, recibieron la orden de colocar imágenes del gobernante en sus distintas dependencias, para recordarles su dependencia del autócrata, aunque teóricamente tuviesen el mandato constitucional de realizar sus funciones propias, distinguiéndose unas de otras, con lo cual se aseguraba la “autonomía” en su respectivo obrar, lo que no ocurrió, pues además de subordinación, esas imágenes presentaban a un militar retirado, vestido con uniforme de esa naturaleza, que lanzaba un mensaje, sobre el giro que esos gobiernos decidieron adoptar en detrimento de la civilidad, que lo había elegido.  

FALSO ARGUMENTO

De otra parte, por muchos años, se utilizó el argumento de que, los gobiernos nacionales, estadales y municipales, “eran un solo gobierno”, con la finalidad de mantener la unidad y el control político centralizado, frente a sus adversarios políticos. Esa postura se adoptó para mostrar solidez institucional y frenar, además, cuestionamientos a su autoridad o autoritarismo, considerado como un liderazgo político indiscutible, casi que, con “facultades divinas”. La consecuencia de esa arbitraria decisión, fue el atropello al “principio de descentralización”, como política nacional que menoscabó la Democracia.    

DEUDA INSTITUCIONAL

En todos estos años, por ejemplo, el Poder Judicial, entiéndase el TSJ, nunca dictó una sentencia en contra de la cabeza del Poder Ejecutivo a pesar de sus errores, lo cual en una Democracia funcional, resultaría sano, para evitar los consabidos excesos de este poder; en sentido contrario, hemos sido informados por distintos medios, de juicios contra el Presidente de Estados Unidos o el Presidente de Colombia, que han servido para preservar la legalidad, los derechos humanos y la separación de poderes, en esos países, no así en el nuestro, en donde esa u otra institución oficial, no puede mostrar una actuación autónoma, frente al Ejecutivo nacional, sometida a la ley y al Derecho.

IDEAS CENTRALES

Dos ideas centrales del proceso de institucionalización que, en cualquier tiempo se debe desarrollar, son la materia electoral y la materia judicial, concretamente, la designación de nuevos rectores del CNE y magistrados del TSJ, lo cual es primordial, en primer lugar, para realizar y llevar a buen término, elecciones de manera gradual, empezando por las del Poder Nacional y en segundo lugar, para que no se use ese Poder, para excusar con una aparente legalidad, las mezquindades a las cuales han estado acostumbrados desde el gobierno, vulnerando de esta manera la institución democrática del voto, que debe ser blindado con un eficaz, orden normativo.

JUSTICIA CENTRALISTA

En materia judicial, el proceso de institucionalización, debe pasar, por acercar más la organización judicial a los ciudadanos, para que la atención de los asuntos constitucionales, contencioso administrativos, electorales y tributarios a los ciudadanos, ante los Tribunales de Alzada, no sean tan onerosos, reflejo de una justicia centralizada, que constituye en la actualidad, un obstáculo severo para el ejercicio del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, dado lo exigente que resulta acceder a esas instancias, por las barreras económicas que deben superarse, primero, y luego, para hacer seguimiento a las causas, debido a las reiteradas fallas de internet.

NUEVAS REGLAS

Institucionalizar, implicará crear nuevas reglas, para esos dos poderes, con principios de actuación, claramente entendibles y que se puedan mensurar en la práctica, conforme a estándares internacionales, pues cuando se trata de adelantar ese tipo de tareas, resulta más seguro y conveniente acudir a los mismos, dado que, en nuestro país, los valores o principios universalmente aceptados, para ordenar el funcionamiento institucional, fueron reemplazados por términos como socialismo, revolución, comandante, imperialismo y otros más, que no reflejaron institucionalidad, sino hegemonía o dominación.

PARTIDOS POLÍTICOS

En cuanto a la institucionalización de los partidos políticos, se insiste que, podrían dictarse reglas provisionales o definitivas, convertidas en leyes, que prohíban el dictado de medidas de intervención administrativas o judiciales en sus directivas, para dirimir conflictos internos, que puedan alterar la voluntad de los militantes en la elección de esas autoridades, como ocurre en la actualidad, en donde la institucionalidad de los partidos políticos, está totalmente debilitada, a causa del proceso erosivo que sobre los mismos ha ejercido el gobierno dominante. De allí que, cualquier conflicto que pudiera presentarse, tendría que dirimirse por mecanismos de Democracia Interna y no, mediante sentencias.

PERSPECTIVAS

Con instituciones fuertes, estables e imparciales, se podría ir construyendo de nuevo, una Nación, que pueda confiar en sus actuaciones, que ellas puedan reflejar el espíritu nacional de servicio, de justicia y ética, que sean causa primaria de la prosperidad y bienestar colectivo, que sepan y puedan asegurar la “gobernanza” esto es, que no sean, instituciones intrusivas respecto de distintas organizaciones de la Sociedad Civil, como lo son en la actualidad, sino promotoras de diferentes iniciativas privadas, a fin de mejorar la interacción entre ambos sectores, y como verdaderas promotoras de reglas de juego, que permitan mejores interacciones sociales.   

UN COMENZAR

Por último, las ideas que aquí se asoman, podrían considerarse, junto con otras, embriones de posibles y necesarios procesos de reformas institucionales a los restantes órganos del Poder Público nacional, tales como, la Presidencia de la República, los órganos del Poder Ciudadano y, la Asamblea Nacional, que para nada representan al país, ni menos sus leyes, las Fuerzas Armadas, las diferentes policías, las gobernaciones y las alcaldías, que, aunque bastante deterioradas en lo financiero, prefirieron ponerse de espaldas a los ciudadanos, al no reclamar sus recursos, para respaldar una revolución anacrónica y antidemocrática, que desinstitucionalizó todo el país.