Cámara Inmobiliaria del Táchira juramenta nueva junta directiva para el período 2024-2027
26 de abril de 2024
Pedro Alejandro Parra Fernández
¿Está el Estado Venezolano preparado para la legalización del aborto? ¿Ofrecer servicios seguros de aborto? ¿Normalizar la atención y seguridad higiénicas? ¿El lapso para practicar el aborto? ¿Cuenta con Servicios de Consejeros Profesionales en el área de la salud física, mental y moral? ¿Los requisitos de consentimiento y autorización de la práctica abortiva? ¿El procedimiento a seguir cuando se trate de niñas y adolescentes?
Con respecto al aborto se ha seguido una práctica penal equivocada que lógicamente ha convertido las disposiciones penales sobre el aborto, en la mayoría de los países, en disposiciones hueras (vanas, vacías) que no intimidan y cuando son aplicadas no corrigen o reforman. Nos hallamos así en un tinglado penal en el que las excepciones legales constituyen agujeros de escape más o menos cómodos por lo común utilizados por aquéllos que tienen medios para ello. El resultado es que los pudientes se sirven de los medios anticoncepcionales y los que no lo son del aborto.
Baste decir que el camino seguido es erróneo y que la solución se halla en una conjugación de una política de control a la procreación, y, una penal, en la cual la punibilidad del aborto se mantenga en términos adecuados. Sólo una auténtica justicia social puede poner término a las presentes fricciones y desigualdades del aborto. Toda configuración del mismo bajo la influencia de opiniones o tesis, otras que la consideran objetiva y libre de prejuicios del problema que hay detrás del aborto, lleva, como hasta ahora ha llevado, al fracaso.
No seríamos partidarios de la libertad de abortar, pero sí de una evaluación social adecuada del aborto que conduzca a una sanción penal del mismo en forma socialmente humana y sea más efectiva que la ficción penal. No debemos olvidar que ciertas formas de inducir el aborto son verdaderamente criminales, detestables, riesgosas para la madre, y sencillamente abominables. Es cuestión también de conciencia, y, sobre todo, de ética y moral.
La familia es el santuario de la vida; el amor conyugal está por su naturaleza abierto a la acogida de la vida. En la tarea procreadora se revela de manera eminente la dignidad del ser humano, llamado a hacerse intérprete de la bondad y de la fecundidad que proviene de Dios. La paternidad y la maternidad humanas, aun siendo biológicamente parecidas a las de otros seres de la naturaleza, tienen en sí mismos de manera esencial y exclusiva, una “semejanza” con Dios, sobre la que se funda la familia, entendida como comunidad de vida humana, como de personas unidas en el amor.
El deseo de maternidad y paternidad no justifica ningún “derecho al hijo”, en cambio, son evidentes los derechos de quien aún no ha nacido, al que se deben garantizar las mejores condiciones de existencia, mediante la estabilidad de la familia fundada sobre el matrimonio y la complementariedad de las dos figuras, paterna y materna. El acelerado desarrollo de la investigación y de sus aplicaciones técnicas en el campo de la reproducción, plantea nuevas y delicadas cuestiones que exigen la intervención de la sociedad y la existencia de normas que regulen este ámbito de la convivencia humana.
Es necesario reafirmar que no son moralmente aceptables todas aquellas técnicas de reproducción –como la donación de esperma o de óvulos; la maternidad sustitutiva; la fecundación artificial heteróloga- en las que se recurre al útero o a los gametos de personas extrañas a los cónyuges. Estas prácticas dañan el derecho del hijo a nacer de un padre y de una madre que lo sean tanto desde el punto de vista biológico como jurídico. También son reprochables las prácticas que separan el acto unitivo del procreativo mediante técnicas de laboratorio, como la inseminación y la fecundación artificial homóloga, de forma que el hijo aparece más como el resultado de un acto técnico, que como el fruto natural del acto humano de donación plena y total de los esposos.
Finalmente, debo manifestar que, cuando en ámbitos y realidades que remiten a exigencias éticas fundamentales se proponen o se toman decisiones legislativas y políticas contrarias a los principios y valores cristianos, el Magisterio enseña que la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral.
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