Opinión
El bolívar y el poder adquisitivo en la frontera
lunes 16 noviembre, 2026
Hogan Vega
El pueblo del estado Táchira, históricamente comprometido con los principios de soberanía, justicia social y dignidad nacional, enfrenta actualmente distorsiones económicas derivadas de la dinámica cambiaria fronteriza que afectan directamente su poder adquisitivo y derechos socioeconómicos. Si bien el ordenamiento jurídico nacional permite el uso de divisas en el territorio venezolano, el artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece de manera inequívoca que la unidad monetaria de la República es el bolívar. En la práctica cotidiana de nuestra entidad, se observa una tendencia a imponer monedas extranjeras como única referencia de pago, rechazando en ocasiones la moneda nacional o aplicando tasas de conversión arbitrarias que encarecen bienes esenciales como el gas doméstico, repuestos, vivienda, los alimentos, entre otros.
Asimismo, evaluar un acuerdo entre la comunidad y los organismos regionales nos puede acarrear desafíos jurídicos y constitucionales: Iniciando con la competencia exclusiva del Poder Nacional, donde, según el artículo 156 (numeral 11) y el artículo 318 de la Constitución de Venezuela, todo lo relativo al sistema monetario, la moneda de curso legal y el régimen cambiario es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional y del Banco Central de Venezuela (BCV). Un Consejo Legislativo estadal no tiene facultades constitucionales para legislar sobre materia monetaria ni prohibir divisas.
En segunda instancia, evitar el choque con la normativa cambiaria vigente, que dice, actualmente, el ordenamiento jurídico nacional (como el Convenio Cambiario N° 1 y la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios) permite el libre uso y pacto en divisas extranjeras en todo el territorio nacional. Una ley regional no puede anular una normativa de carácter nacional. En tercera instancia, no se puede, con acuerdos regionales, imponer seguridad jurídica en las sanciones, al establecer multas o cierres de comercios por usar una moneda cuyo uso está permitido por leyes nacionales; esto generaría conflictos de competencia y recursos de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Sin embargo, tomar acciones puede traer posibles impactos económicos en la frontera: Iniciando, con riesgo de desabastecimiento, ya que gran parte de los insumos, mercancías y repuestos que se consumen en el Táchira se importan desde Colombia y se pagan en pesos o dólares. Si los comerciantes no pueden recibir o referenciar esa moneda, podrían detener las compras o cerrar sus negocios por falta de reposición. A diferencia, el surgimiento de mercados clandestinos, ya que cualquier prohibición por decreto de una moneda que circula por necesidad comercial suele empujar las transacciones hacia la informalidad absoluta, haciendo más difícil el control de precios y la recaudación de impuestos. En cambio, esa fricción en el intercambio binacional, frenaría la dinámica natural de la frontera entre Táchira y Norte de Santander, que depende de la fluidez cambiaria para el turismo, el transporte y el comercio diario.
En otras palabras, si deseamos presentar una iniciativa para discusión ciudadana o ante instancias legislativas, podrías considerar ajustes que nos permitan un intercambio binacional amparado en: Cambiar el enfoque de prohibición a obligación de aceptación, en lugar de prohibir el peso, se puede exigir que todo comercio esté obligado a aceptar bolívares a la tasa oficial del BCV, sin recargos ni excusas (como fallas de punto de venta ficticias); convertirlo en un proyecto de acuerdo o exhorto, dado que el Consejo Legislativo del Táchira no puede crear leyes monetarias, la propuesta tendría mayor viabilidad jurídica si se presenta como un Acuerdo de Cámara que exhorte a la Asamblea Nacional y a la SUNDDE a fiscalizar el marcaje de precios y proteger el uso del bolívar en la frontera. De ahí que, como iniciativa popular consagrada en los artículos 62 y 70 de nuestra Carta Magna, y dentro del marco de las competencias de control, exhorto y representación que posee el Consejo Legislativo del Estado Táchira (CLET), se presente ante esta plenaria el siguiente Proyecto de Acuerdo para articular soluciones institucionales junto al Poder Público Nacional.
Por otra parte, proponer declaratoria de emergencia económica regional, es ir en contra de los artículos 337 y 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV); la facultad para decretar estados de excepción (incluyendo la emergencia económica) es exclusiva del Presidente de la República en Consejo de Ministros. Ni el Gobernador ni el Consejo Legislativo del estado Táchira tienen atribución constitucional para declarar una emergencia económica con efectos jurídicos extraordinarios.
Sin duda, convocar a la participación popular, es ir en la vía con el artículo 62 de la CRBV, que se apoya en el principio constitucional de contraloría social. Mientras que, al nombrar de forma exclusiva a una organización gremial con sesgo partidista, podría ser impugnado por vulnerar el principio de igualdad ante la ley y el carácter pluralista y no discriminatorio de la participación ciudadana establecido en la Constitución.
De modo similar, solicitar la ejecución por órganos de seguridad, al instruir a los cuerpos policiales a ejecutar de inmediato una ley estadal en materia monetaria y comercial, choca con las competencias de órganos nacionales especializados, como la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) y el Banco Central de Venezuela (BCV). Además, la policía no tiene facultades para actuar como fiscal tributario o regulador cambiario sin orden judicial o administrativa de un ente nacional.
Si el objetivo es que esta propuesta sea jurídicamente viable y no sea declarada nula por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se sugiere reafirmar el carácter del bolívar como unidad monetaria de curso legal en todo el territorio del estado Táchira, de conformidad con el artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, rechazando cualquier práctica comercial que niegue o limite su aceptación como medio de pago. Del mismo modo, solicitar al Ejecutivo Nacional, a través de los ministerios con competencia en materia de Economía, Finanzas y Comercio Nacional, la evaluación e implementación de medidas especiales de protección salarial, financiera y cambiaria para la zona fronteriza del Táchira, orientadas a frenar la especulación y proteger el ingreso de los trabajadores y pensionados.
Por consiguiente, el ejemplo debe iniciar en casa, al solicitar al Ejecutivo Regional y a las alcaldías del estado Táchira a garantizar que el cobro de tasas, impuestos municipales, servicios públicos, transporte, entre otros, se realice prioritariamente en moneda nacional, fortaleciendo la infraestructura de pagos electrónicos y puntos de venta en toda la entidad. Por ello se hace necesario, que los ciudadanos y ciudadanas venezolanos, mayores de edad, civilmente hábiles y domiciliados en el estado Táchira, actuando en ejercicio pleno de nuestros derechos políticos y de participación protagónica consagrados en los artículos 51, 62 y 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debemos colaborar con el Proyecto de Acuerdo para la Defensa del Bolívar y la Protección del Poder Adquisitivo en el Estado Táchira, iniciativa que surge como respuesta a la justa preocupación de las familias tachirenses ante las distorsiones cambiarias y el desplazamiento de nuestra moneda nacional en las transacciones cotidianas de la entidad, situación que afecta directamente el salario de los trabajadores, pensionados y consumidores en general. Edmund Burke decía: “Si dominamos nuestra riqueza, seremos ricos y libres; si nuestra riqueza nos domina, somos realmente pobres”.












