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23 de abril de 2024
El proceso electoral del pasado 15 de octubre de 2017 para elegir gobernadores de estado constituyó un punto de quiebre en la ruta electoral que la oposición democrática ha trazado para ofrecer al pueblo venezolano una solución a la severa crisis política, económica y social que padecemos.
Si bien es cierto que a todos los procesos electorales precedentes la oposición democrática concurrió en desventaja, nunca como en este proceso se había desbordado a límites inaceptables el ventajismo y el fraude descarado al orden jurídico y a la misma confianza depositada en las urnas por los electores.
Es un desborde, porque en esas condiciones va a resultar casi que imposible seguir participando en los procesos electorales que monta el Estado-PSUV. No estoy proponiendo un cambio en la ruta electoral, constitucional y democrática que he sostenido y defendido en estos años de larga lucha contra el autoritarismo chavo-comunista. Al contrario, se trata de ratificar nuestro apego a la ruta electoral. Pero a una ruta electoral que establezca un conjunto de medidas que permitan garantizar el derecho al voto al 100 % de los venezolanos, residentes o no en nuestro territorio, y permita una contienda electoral equilibrada y con respeto a la integridad personal de todos los actores políticos.
Ha sido ya una conducta reiterada el abusivo ventajismo que ha caracterizado al régimen socialista en todos los procesos electorales celebrados desde que asumieron el poder. No ha habido límite alguno al utilizar todo el poder del Estado para promover la oferta electoral del PSUV.
A pesar de que la normativa constitucional y legal es taxativa respecto a la prohibición de usar los recursos humanos, financieros y materiales de las diversas dependencias públicas en campañas políticas, la conducta de las autoridades del Estado ha sido deliberada y persistente en usar y abusar de dichos recursos para la actividad electoral, y sobre todo para aplastar y desconocer a las opciones alterativas.
Frente a tal comportamiento de los funcionarios públicos, ninguno de los poderes del Estado obligados a controlar dicha desviación, y a sancionar las faltas y delitos que se comenten, cumplen con su deber. Por el contrario, muchos de ellos participan del mismo, y se hacen los disimulados frente al conjunto de hechos que de manera pública y notoria se presentan.
El reciente proceso regional mostró en todo su esplendor el abuso del Estado-PSUV sin que ni el CNE ni la Fiscalía ni la Contraloría intervinieran para nada en poner coto a los desmanes cometidos. Los delitos no solo se cometen en el ámbito de las administraciones públicas ordinarias, sino que los mismos alcanzan a instituciones como la Fuerza Armada Nacional. Sus instalaciones, equipos e integrantes se han venido utilizando de manera descarada, sin que autoridad alguna cumpla con su deber de impedirlo. Los dirigentes del PSUV usan las instalaciones militares y los medios de comunicación del Estado para promover su parcialidad política, obligando a los funcionarios a asistir a los mismos, para que sirvan de utilería de relleno en los programas políticos que allí se celebran.
Mientras quienes hacemos vida política desde la oposición democrática, tenemos que recorrer el país con nuestros recursos personales, o a lo sumo con la colaboración de amigos y compañeros; los altos funcionarios del estado, en abierta y clara campaña electoral, se movilizan por el país en los aviones, helicópteros y vehículos del Estado, cubriendo la totalidad de los gastos logísticos con los recursos públicos. Frente a tan descarada y pública conducta, la fiscalía y la contraloría se hacen los desentendidos.
La nota distintiva del proceso electoral del pasado 15 de octubre lo constituyeron los nuevos elementos del descarado fraude legal impulsado desde el Estado-PSUV. Es menester precisar esos elementos, todos los cuales impactaron negativamente la trasparencia del proceso electoral.
En primer lugar, las migraciones masivas de centros de votación a pocas horas de la fecha del acto comicial. Estas reubicaciones de centros de votación, realizadas sin causa real que lo justifique, impidieron a muchos electores ejercer su derecho al voto. En la mayoría de los casos porque los centros a donde fueron desplazados se ubicaban en zonas geográficas ajenas a los electores, muchas de ellas en sectores de alto riesgo para quienes son desconocedores de las mismas. En otros casos porque congestionaron centros de votación de tal forma, que estimularon la no participación de muchos ciudadanos.
En segundo lugar, la negativa a aceptar las sustituciones de los candidatos que, habiendo sido inscritos para participar en los procesos primarios de la oposición, no resultaron elegidos. Esto generó confusión y la anulación de miles de votos. Esta decisión del CNE para favorecer al Estado-PSUV se evidencia cuando el aparato propagandístico del régimen lanza una campaña en cada estado, llamando a votar por los partidos que no pudieron lograr la sustitución, usando sus símbolos y colores, en una sucia maniobra de confusión.
En tercer lugar, la inseguridad respecto de los tiempos de la agenda electoral y luego de los lapsos para tramitar todo el proceso. La dictadura cambia los tiempos y los lapsos de los procesos a su real conveniencia, generando un daño severo a los sectores opositores.
A ello sumemos el surgimiento, ya con pruebas en la mano, de manipulación de las actas del proceso de votación, según lo demostrado por el líder guayanés Andrés Velásquez, cuya victoria fue burlada apelando a este escandaloso mecanismo.
Ha llegado la hora de plantarles cara al país y a la comunidad internacional para EXIGIR un proceso electoral con plenas garantías. Volver con ese ventajismo y fraudes del Estado-PSUV, constituye un despropósito que no podemos aceptar. (César Pérez Vivas)
La ruta electoral
23 de abril de 2024
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