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Las sociedades, especialmente las occidentales, han debido afrontar en los siglos más recientes, la necesidad de tratar sobre el carácter confesional o no del Estado, fundamentalmente si a este se le configura como un Estado de Derecho en un sistema democrático y con libertades garantizadas por el conjunto de los ciudadanos, sus instituciones y una legislación capaz de poner en funcionamiento los mecanismos para su protección.
Mauricio Pernía-Reyes
Sin embargo, dadas las peculiares circunstancias en el desarrollo de las sociedades en cada país, el debate y posterior acuerdo sobre el carácter aconfesional de un Estado ha tenido diferentes énfasis, recorridos y modos de validar los preceptos legales que den forma al Estado laico. Esta categoría es regularmente asociada al carácter secular de la sociedad demandante, o más precisamente, a los niveles de secularización de las sociedades, lo que suele ser distinto como veremos a continuación.
Las consideraciones elaboradas mediante la fuerza de la ley, sea por las constituciones si las hubiere, o por la ley como producto del legislador e incluso por las sentencias de Tribunales o Cortes constitucionales en algunos casos, remiten al establecimiento del Estado laico, entendiendo por tal aquel que no establece una religión oficial y que, además, no señala una religión en particular como la propia del pueblo, lo que es distinto al nivel de secularización de una sociedad en particular puesto que suele darse la circunstancia de falta de homogeneidad al convivir sectores sociales que operen con una lógica claramente secular y otros que sean integristas, que vean favorable que los servidores públicos o el Estado asuma relaciones abiertas con una confesión en particular o que sea una expresión pública de la gestión gubernamental.
De lo anterior se destaca lo siguiente: el Estado laico es una consideración de tipo institucional, legal, relacionado con el aparato estatal y la secularización, por otra parte, responde al grado de presencia de lo religioso en las prácticas cotidianas de los ciudadanos. De este modo, de un Estado laico se espera que regule, proteja y garantice la libertad de religión y de culto, así como la objeción de conciencia asociada, con los matices que los derechos civiles o fundamentales exijan, dada la interdependencia de estos y que no exista discriminación por causa de la fe o del rechazo de profesar alguna.
En contraste, la secularización de la sociedad no resulta lineal pues tales signos, valores o comportamientos son intransferibles de un nivel social a otro, así como tampoco de un entorno general como el de las instituciones, a otros específicos como las comunidades concretas o la familia, incluso existen épocas en las que lo religioso retorna a la centralidad social luego de procesos de distanciamiento de tales prácticas.
Por ello, la lectura que se ofrece de estos términos como acabados y estandarizados no resultan ser eficaces y hace más complejo lo que ya representa un desafío sociopolítico para la toma de decisiones legislativas, de gobierno o de las derivadas de criterios democráticos que pueden llegar a ser contradictorias y ralentizar procesos reclamados por sectores sociales. De manera que propiciar debates con la sola premisa del Estado laico lejos de producir soluciones las complejiza y retarda.
Mauricio Pernía-Reyes
Profesor UCAT y socio de la firma Iuris Analytica LLC
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