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25 de noviembre de 2024
“Todos los pueblos del mundo que han lidiado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos” (Simón Bolívar).
En la década de los 70 la economía venezolana se hundía como consecuencia del endeudamiento generado luego del boom petrolero de esa época. A medida que el Estado venezolano incrementaba sus recaudos, gastos y otras erogaciones, la economía inició una caída paulatina de proporciones escalofriantes. En las administraciones de Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi, el desenvolvimiento de las políticas económicas no logró moderar las espirales inflacionarias en la economía venezolana, lo cual produjo desconfianza y preocupación en los inversionistas y por ende pérdida de credibilidad en la moneda nacional. Entre las medidas ideadas y puestas en práctica por los dos gobiernos como medio para paralizar los efectos estructurales de la crisis, estaban: los controles de cambio, mediante Recadi, cuando Luis Herrera Campíns y los controles de precios en la gestión de Jaime Lusinchi, los cuales causaron corrupción administrativa, mercados negros de divisas y bienes, así como otros bemoles comunes en los vaivenes en los gobiernos sin tino en la cosa pública. Amén de generar la quiebra estructural del mercado interno, la falta de soberanía económica y alimentaria y además la improvisación e imposición de políticas y medidas contrarias al devenir de una economía sana e integral, que ocasionó poco a poco una escasez alarmante.
La situación económica del país se agravaba al resultar electo Carlos Andrés Pérez, presidente constitucional de Venezuela, el 4 de diciembre de 1988. El recién gobernante, en lugar de concebir un cambio de la administración hacia la inclusión social, se decidió por liberar la economía. En tal sentido, optó por imponer un programa de ajustes macroeconómicos, señalado y dirigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), denominado comúnmente “Paquete Económico” y definido por el gobierno como “El Gran Viraje”. Entre las decisiones contentivas del paquete abarcaba: deuda externa, comercio exterior, política cambiaria y fiscal, sistema financiero, servicios públicos y política social. Dentro de las disposiciones oficiales, lo que más ocasionó un reajuste brusco en los sectores de menores ingresos fue la liberación de precios y la eliminación del control de cambio.
Las medidas del paquete económico fueron amplias: someter el programa de ajustes bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional, unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial, liberación de las tasas de interés activas y pasivas, determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante, liberación de los precios de los productos a excepción de los renglones de la cesta básica, aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30%, anuncio del incremento no inmediato, sino gradual de las tarifas de servicios públicos, aumento anual en el mercado nacional, durante 3 años de los precios de los productos derivados del petróleo, aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 30% e incremento del salario mínimo, reducción del déficit a no más del 4% del producto interno bruto, eliminación progresiva de los aranceles a la importación y congelación de cargos en la administración pública.
La reacción del soberano no se hizo esperar frente a tamaño reajuste económico y social. En Guarenas del Estado Miranda se iniciaron las protestas el 27 de febrero de 1989 en horas de la mañana. Inmediatamente en Caracas comenzó la violencia en los sectores del Valle, Catia, Coche y Antímano. Se desatan los saqueos a las casas comerciales y sitios públicos. Al principio los actos fueron pacíficos. Pero ante la arremetida brutal y la ineficacia de los cuerpos de seguridad para prevenir y controlar las manifestaciones se originan enfrentamientos violentos, motines y hechos vandálicos. En varias ciudades del país hubo acciones incontrolables. Frente al desborde de los saqueos el gobierno declaró el toque de queda, militarizó las principales ciudades de Venezuela y aplastó las protestas con violencia. Los resultados de estos rechazos a las medidas aplicadas comprendieron varios tipos: enormes pérdidas materiales y económicas, centenares de muertos y heridos. Ante tal caos el gobierno de Carlos Andrés Pérez, suspendió las garantías constitucionales. Por varios días la mayoría del territorio nacional estuvo sometido al caos, escasez de alimentos, restricciones, militarización, allanamientos, persecución política, asesinato de personas inocentes y una cantidad estimada por los organismos que velan por los derechos humanos de 300 a 400 muertos.
La consecuencia directa del Caracazo fue una gran inestabilidad política en el país. Estas son las medidas aplicadas para contrarrestar los hechos: modificación del programa de gobierno inmediatamente, liberación de precios, lo cual elevó el costo de los alimentos, se decidió el proceso de descentralización con la primera elección directa de gobernadores y alcaldes, realizada en diciembre de 1989, lo que significó un aparente respiro democrático.
Sin embargo, la situación política del país no era saludable. En 1992 hubo dos intentos de golpes de Estado fallidos. Uno de ellos lo ejecutó el peor enterrador y destructor de Venezuela, Hugo Chávez Frías. A continuación la administración de Carlos Andrés Pérez tuvo una fuerte desaprobación y falta de legitimidad y descontento popular mayoritario. En marzo de 1993, CAP es acusado de corrupción y apartado del cargo de presidente de la república.
La secuela de ese Paquetazo y Caracazo preparó el terreno para llegar al poder el despelote del socialismo. Al comparar la crisis producida por el Paquete Económico, la distancia de la misma con el horror que padecemos hoy día los venezolanos por culpa de la ineptitud, la falta de voluntad y capacidad de Nicolás Maduro para conducir con sosiego los destinos del país, es más grande que de aquí a Pekín. Los problemas de ahora se centuplicaron porque los horrores del gobierno son tantos que estamos próximos a emular un sacudón social más draconiano que el sucedido con el estallido social del 27 de febrero de 1989. Quiera Dios que las aguas de la tolerancia, paciencia y convicción democrática del pueblo venezolano no se desborden y causen estragos en el acontecer nacional de resultados, proporciones y consecuencias incalculables, desastrosas y traumáticas para el futuro de nuestra patria. Que el Todopoderoso les dé sapiencia a los gobernantes actuales para enmendar a tiempo la intranquilidad que nos devora a medida que pasa el tiempo.
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