Opinión
Estrategia de asfixia electoral

Luis Fernando Ibarra*

El “Manifiesto Ganadero” de un grupo de asociados a ASOGATA surge como exigencia al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que se pronuncie sobre una solicitud que mantiene congeladas las elecciones de una nueva junta directiva para el gremio. Sorprendió porque tan rimbombante denominación insinuaba una declaración de indignación por el abandono o falta de apoyo estatal a la producción agropecuaria. Sin embargo, es una inquietud muy reveladora: Que un sector productivo tenga que pedirle permiso al máximo tribunal del país para poder votar a sus propios representantes dice más sobre el estado de la democracia venezolana que cualquier discurso oficial. Lo más grave es que la situación de ASOGATA dista muy lejos de ser un caso aislado y quien lo analice se encuentra un patrón de comportamiento nacional.

Organizaciones de monitoreo judicial han documentado que, desde el año 2000, el TSJ ha construido un entramado de decisiones que inciden directamente sobre la autonomía de colegios y gremios profesionales en el país. Entre los afectados están la Federación Campesina de Venezuela, Fedecámaras y la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), además de colegios de abogados en Carabobo, Delta Amacuro y Zulia, algunos de ellos obligados a convocar elecciones tras más de una década de impedimento para hacerlo. La Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo también vio suspendidas cautelarmente sus elecciones por decisión judicial. Se han contabilizado al menos doce sentencias de este tipo desde 2007, todas amparadas en una facultad constitucional que, en la práctica, ha terminado por debilitar y nunca proteger el derecho de asociación. El mecanismo se repite con la precisión de un protocolo: una fracción minoritaria, una demanda, un amparo cautelar, y el TSJ “congela” el proceso electoral mientras “decide” sobre el fondo. La decisión de fondo, muchas veces, nunca llega. El gremio queda entonces en manos de una directiva vencida, sin legitimidad renovada, incapaz de proyectar nuevas ideas, mientras la organización se desangra por dentro.

A esto se suma una segunda capa de control: la ley venezolana entrega al Consejo Nacional Electoral, un organismo cuyos rectores han sido designados directamente por la Sala Constitucional del TSJ en al menos seis ocasiones, la potestad de organizar las elecciones de sindicatos y gremios profesionales. El resultado es un círculo cerrado: el poder político nombra al árbitro electoral, y ese árbitro, o el tribunal que lo nombró decide cuándo, cómo y si un gremio puede votar. Es una estrategia de control total, que tiene un nombre técnico en la ciencia política: “cooptación institucional por desgaste”. No hace falta intervenir abiertamente una universidad o un colegio profesional, eso generaría resistencia y visibilidad internacional. Basta con impedir que se renueve. Una organización sin elecciones periódicas pierde savia nueva, pierde capacidad de rendición de cuentas interna, pierde la posibilidad de que emerjan liderazgos distintos a los ya desgastados por el poder. Con el tiempo, se estanca, se fragmenta o simplemente deja de ser relevante y a nadie le importa.

Este no es un invento venezolano. Los regímenes que han transitado hacia el comunismo en el siglo XX aplicaron variantes de la misma lógica sobre el asociacionismo autónomo. En Cuba, tras 1959, los sindicatos obreros independientes fueron disueltos y sustituidos por estructuras subordinadas al Estado y al partido único, mientras que las cooperativas, entre 1961 y 1975, fueron absorbidas masivamente por la propiedad estatal. La conducción sindical dejó de responder a sus bases y pasó a ser una correa de transmisión del poder político. La Unión Soviética, mucho antes, había convertido a los sindicatos en apéndices del aparato estatal: no existía sindicalismo autónomo, existía sindicalismo oficial. Nicaragua, bajo el sandinismo y después bajo el orteguismo, repitió el guion: los espacios sindicales y gremiales que no respondían a la línea del partido fueron marginados, intervenidos o vaciados de poder real.

El común denominador es una convicción de poder muy concreta: ninguna organización con capacidad de generar liderazgo propio puede quedar fuera del control del Estado. Universidades, colegios de médicos e ingenieros, sindicatos, gremios agropecuarios: todos son, potencialmente, semilleros de autoridad alternativa. Y toda autoridad alternativa es, para un proyecto de control total, una amenaza que se administra, sin necesidad de combatirla abiertamente.

Cuando a una universidad se le impide renovar sus autoridades durante años, además de violentar su autonomía, también se le condena a administrar la escasez con las mismas ideas de hace una década. Y está claro que, en su disfrute de las mieles empalagantes del poder, ningún comensal directivo, beneficiado por la falta de renovación durante años está interesado en poner su cargo a disposición para contribuir a la renovación universitaria. Ni pensarlo, sería demasiado amor verdadero por una alma mater. Al país le consta el caso de la rectora Arocha de la UCV o el de Bonucci de la ULA, con cerca de veinte años de rectorado. Todo un método silencioso de destrucción por inanición. Cuando a un gremio ganadero, médico o de ingenieros se le bloquea la alternancia, se le condena a la irrelevancia gremial precisamente en el momento en que más necesita representación efectiva ante políticas públicas que lo golpean. No es casualidad que esto ocurra en paralelo al nombramiento de protectores en gobernaciones y alcaldías cuando la oposición gana elecciones: es la misma filosofía aplicada a escalas distintas. Donde el resultado no se puede controlar, se controla el proceso; y donde el proceso no se puede controlar, simplemente se le impide ocurrir.

El caso de ASOGATA y su reclamo al TSJ no debería interpretarse como un episodio gremial insignificante, porque es un síntoma más, de una enfermedad institucional que lleva más de dos décadas incubándose: la sustitución de la renovación democrática por la administración indefinida del estancamiento. Mientras el país discuta la agenda de reforma del CNE y del propio TSJ como parte de futuras negociaciones políticas, valdría la gracia no olvidar que la crisis electoral venezolana no puede limitarse a las elecciones presidenciales o parlamentarias. Necesario entender que todos los días, en muchas instituciones sus integrantes menos dóciles, libran luchas institucionales porque sufren la situación de un colegio profesional que no puede votar, un claustro universitario que no puede renovarse, o en un gremio de ganaderos que hoy tiene que pedirle permiso a un tribunal para elegir a quién lo representa.

*Ingeniero de Sistemas