Opinión
Gestión Pública y Derecho Administrativo: Orden para el bien común

Mauricio R. Pernía-Reyes*

En los diversos análisis sobre los inmensos desafíos del contexto político nacional, suele mencionarse la pérdida de la institucionalidad, lo que es posible conocer de primera mano por cuanto todo aquel que ha debido relacionarse con los órganos y entes del Estado venezolano, alguna vez por lo menos, ha tenido que ver actuaciones arbitrarias, faltas de respuestas, vulneración del principio del tiempo razonable, decisiones inmotivadas, falta de preparación para el cargo desempeñado por el funcionario, entre otras actuaciones y situaciones contrarias a la Ley.

Por tal motivo, resulta pertinente identificar algunas manifestaciones de dicha pérdida de institucionalidad. En este sentido, esta se evidencia cuando las decisiones de la Administración Pública, de los parlamentos y de los órganos jurisdiccionales dejan de fundamentarse en la Ley y pasan a depender de la voluntad personal o de la conveniencia política del funcionario; cuando los cuadros técnicos necesarios para la prestación de los servicios públicos son sustituidos por activistas o personas leales al poder de turno, carentes de la debida capacidad técnica; cuando se pierde la previsibilidad de la actuación administrativa o judicial, de modo que los trámites, procedimientos y actuaciones se tornan arbitrarios y los plazos son ignorados, con la consiguiente afectación de la seguridad jurídica y la generación de desconfianza sistémica; o cuando se rompe el equilibrio de pesos y contrapesos, en tanto una gestión pública institucionalizada exige controles efectivos (auditorías, transparencia, rendición de cuentas, control judicial). En definitiva, la pérdida de institucionalidad implica que estos mecanismos de control se convierten en meras formalidades o son cooptados por el mismo poder al que deben supervisar.

Ante esta realidad existen diferentes enfoques, medidas y propuestas para la recuperación de la institucionalidad, lo que es lo mismo que recuperar el Estado de Derecho. En este artículo mencionaré dos de las que considero imprescindibles: La implementación del Derecho Administrativo y la calidad de la Gestión Pública. En efecto, de acuerdo con el Diccionario panhispánico del español jurídico (2025) de la Real Academia Española, el Derecho administrativo es la rama “del derecho que estudia la organización y funcionamiento de las administraciones públicas, sus relaciones con los ciudadanos, así como el sistema normativo que las rige y las garantías jurisdiccionales correspondientes. Por su parte, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD, 2008), la calidad en la gestión pública “(…) implica la práctica del buen gobierno, mediante una formulación de políticas públicas convenientes a toda la sociedad, dentro de parámetros equilibrados de racionalidad política, técnica y económica”.

Estas disciplinas tienen como objeto de estudio a la Administración Pública, especialmente en su sentido material, esto es, la actividad realizada por todo ente y órgano del Estado –incluso, por personas jurídicas que por alguna razón tienen encomendadas funciones administrativas– que debe estar dirigida al servicio de los ciudadanos y que debe realizarse aplicando principios de administración, economía, derecho y política para lograr objetivos gubernamentales mediante el uso óptimo de recursos. Ello necesita de la academia, de los centros de investigación y de las personas que propongan, lideren, y organicen la creación y aplicación del conocimiento para la resolución de los déficit o carencias que he señalado, referidas a la institucionalidad y el Estado de Derecho.

En este sentido, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica del Táchira programó la celebración del “IV Seminario de Derecho Administrativo y Derecho Público” el pasado 8 de mayo de 2026, en el que destacados ponentes trataron temas propios del derecho administrativo y, en este marco, se realizó el “I Encuentro del Semillero de Derecho Administrativo Dr. Allan Brewer-Carías” en el que estudiantes de segundo y cuarto año de Derecho presentaron sus estados del arte en las áreas de derecho aeronáutico, derecho a la participación ciudadana, las tensiones normativas en la nueva Ley Orgánica de Minas con ocasión de los medios alternativos de solución de conflictos y en materia de propiedad intelectual y la anunciada reforma de la legislación en la materia. Estas propuestas de investigación en marcha tienen como metodología el derecho administrativo aplicado, en la que procuran contrastar los principios de las disciplinas con la realidad material y hacer a partir de ello, propuestas de mejora.

Venezuela requiere formación y producción de conocimiento para afrontar los desafíos del presente y sentar las bases de un futuro viable. Estas iniciativas académicas, propuestas y metodologías de investigación contribuyen a ese propósito y a la consecución del bien común, que demanda una comprensión integral de los problemas públicos y una evaluación de los efectos de las políticas públicas sobre la ciudadanía, en cuya deliberación y construcción conviene que participemos todos.

*Profesor-Investigador de la UCAT

Miembro directivo de CEDE y Coordinador del Semillero de Derecho Administrativo Allan Brewer-Carías de la UCAT