Opinión
Infraestructura, responsabilidad y voto en España

Mauricio R. Pernía-Reyes *

Los trenes de Urda, el choque de Adamuz y el apagón de 2025, en España, son tres episodios que señalan un mismo problema, por lo que sería un error valorarlos como hechos aislados. En efecto, la gestión pública española en los últimos ocho años ha permitido que sistemas de servicios públicos funcionen con márgenes de inversión, seguridad, mantenimiento y control institucional insuficientes, según reportes de prensa. Mientras las investigaciones no concluyan, no puede afirmarse con certeza qué falló en cada caso; pero sí puede exigirse desde ahora mismo que se determine con precisión quién respondió mal, quién dejó de responder, quién debe ser sancionado y quiénes deben salir de los cargos que ocupan.

En Urda (Toledo), el 28 de octubre de 2026, un fallo del sistema de seguridad, el LZB, dejó sin protección automática un tramo de 63 kilómetros de la línea Madrid-Sevilla. El primer informe de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) describe una cadena de fallos, en el que se señalan, al menos, una avería informática, problemas de transmisión, cortes eléctricos y dificultades en las comunicaciones. El punto más grave es que, en medio de esa situación, el centro de control del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ordenó a un tren de Alta Velocidad Española (AVE) reanudar la marcha normal mientras un Iryo, un tren de gestión privada que opera en esa línea, permanecía detenido en la misma vía. El resultado fue una colisión con varias decenas de víctimas.

Adamuz (Córdoba), por su parte, ocurrido el 18 de enero de 2026, dejó 46 muertos y cientos de heridos. La investigación técnica señala la rotura de una soldadura del carril como causa del descarrilamiento de un tren de Iryo y del posterior impacto con un Alvia de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe). Aun así, las causas definitivas y las responsabilidades siguen bajo investigación judicial y técnica, después de nueve meses. Y el apagón del 28 de abril de 2025, que afectó a España y Portugal, tuvo un origen multifactorial en el que parecen confluir una insuficiente capacidad de control dinámico de tensión, oscilaciones del sistema, desconexiones de instalaciones y dificultades para recuperar el servicio. El informe del Gobierno de Sánchez descartó un ciberataque como causa, pero reconoció vulnerabilidades y fallos de configuración. Este último evento lo experimenté en primera persona, pues llegué en ese momento a Madrid, lo que trajo a mi mente a Corpoelec.

Ahora bien, desde el Derecho administrativo iberoamericano, estos hechos obligan a resaltar la obligación elemental del Estado de garantizar la accesibilidad, seguridad, continuidad y calidad de los servicios públicos. En España, como en Venezuela, la Administración Pública no cumple su función cuando solo gestiona una emergencia después del daño pues debe, en todo momento, planificar, inspeccionar, mantener, auditar y responder. La responsabilidad política parece desaparecer mientras un informe técnico esté pendiente, y si es que se presenta. Esta circunstancia de ausencia de conclusiones definitivas exige más transparencia, más rendición de cuentas, mejor acceso a la información pública y una investigación que no se convierta en un expediente eterno, hasta que los ciudadanos lo olviden, excepto las víctimas y sus familiares.

Por ello, la experiencia venezolana es especialmente ilustrativa para quienes han migrado a España. El deterioro de infraestructuras y servicios públicos no se produce con una catástrofe, pues realmente empieza con mantenimiento diferido o ausente, la falta de inversión, opacidad en los contratos, debilidad de los órganos de control, casos de corrupción y normalización de las fallas. En Venezuela lo vivimos con el apagón del 7 de marzo de 2019. La falla no comenzó ese día.

De este modo, cuando la electricidad, el transporte, el agua o la salud dejan de operar con fiabilidad, ello se traduce en una pérdida de confianza ciudadana y una restricción o vulneración de derechos. Quien conoció esa decadencia en Venezuela puede reconocer sus primeros síntomas en cualquier país como, por ejemplo, ver respuestas tardías, la culpabilización de operadores concretos, respuestas inverosímiles como una iguana o un fallo humano y promesas de mejora sin responsables políticos identificables. En definitiva, señalar para otro lado y cambiar el foco de la atención pública.

España necesita pasar de la gestión de la emergencia a una responsabilidad preventiva, verificable. Esto implica auditar de forma independiente a Adif, a Red Eléctrica (REE) y las empresas eléctricas; publicar los informes completos; establecer sanciones proporcionales a la gravedad de las negligencias; y reformar los sistemas de inspección y mantenimiento. También exige que los cargos públicos respondan políticamente cuando sus decisiones, omisiones o prioridades presupuestarias contribuyen a poner en riesgo vidas, que en el caso de Urda, parece estar evidenciado, según varios reportes periodísticos.

Las próximas elecciones españolas deben convertirse en una oportunidad para ese cambio. Prometer inversión puede ser un discurso vacío pues se necesitan otras acciones. Por ello, conviene preguntar a cada candidato quién será responsable de la seguridad ferroviaria, quién responderá por la estabilidad eléctrica y qué mecanismos de control, sanción y reparación propone. Incluso, cómo protegen sus fronteras, visto lo que ocurre, pues no ha dejado de pasar ni es su capítulo final, con la invasión de Ceuta. El voto puede servir, de algún modo, para exigir que las infraestructuras dejen de ser escenario de tragedias evitables y vuelvan a ser un servicio público digno de confianza.

*Profesor-Investigador UCAT.

Directivo de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. Especialista en Derecho Administrativo y en Gerencia Pública.