Opinión
Juicios de residencia en las universidades

Luis Fernando Ibarra *

Por estos días circula en las redes una noticia que tiene en vilo a la Universidad de Los Andes. Dice que el Consejo Nacional de Universidades podría suspender la elección de sus autoridades convocadas para el 28 de octubre. También que podrían destituir al Vicerrector Administrativo por presuntos manejos irregulares. Se desconoce si la noticia es cierta, y, además, por un rumor nadie debería ser condenado. La presunción de inocencia vale para cualquier funcionario. Pero el revuelo deja preguntas con respuestas pendientes: ¿qué se hará si la denuncia resultara cierta? ¿Y cuántas veces, en el pasado, las denuncias fueron ciertas sin que nadie respondiera? Como siempre en el entorno universitario, la reacción colectiva es cerrar filas bajo el escudo de la autonomía. Algunos responden: “El gobierno es mucho más corrupto”. Es verdad. Pero esa respuesta, repetida durante décadas, es justamente lo que ha traído  la universidad hasta esos indeseables territorios. Que el gobierno sea más corrupto no hace menos corrupta a la longeva institución universitaria. Comparar sus faltas con las ajenas no las borra. Solo las vuelve cómodas.

La universidad no se definió nunca por ser menos mala que el poder. Se definió por ser su conciencia crítica. La Universidad Central se llama a sí misma “la casa que vence las sombras”, y por años todas las universidades autónomas se identificaron en ese lema. Una casa que vence sombras no puede pedir indulgencia porque afuera está más oscuro. Cuando un profesor responde a una denuncia diciendo “pero ellos son peores”, ya aceptó que la universidad juega en la misma liga.

De lamento, pero las elecciones universitarias desde hace tiempo no seleccionan al más apto, y solo parecen premiar al que mejor reparte. Las comunidades votan por quien garantiza ingresar más familiares del elector en la nómina, y quien asegure prebendas a sus votantes. También gana quien compra la lealtad de dirigentes estudiantiles con cargos, viajes y favores, y así corrompe a los jóvenes que deberían ser la reserva moral de la institución.

Alrededor de cada candidato se forma una clientela. Son profesores, empleados y estudiantes que no buscan una universidad mejor, sino un lugar seguro en la universidad que existe. Muchos se las ingenian para medrar a la sombra de la autonomía durante toda su carrera y se jubilan habiéndose servido de la universidad más que haberla servido. Todo esto ocurre ante contralorías internas desgastadas y casi decorativas, que dependen de las mismas autoridades a las que deberían vigilar. Nadie se audita con rigor a sí mismo.

La autonomía fue concedida para proteger la libertad de pensamiento y de cátedra, no para favorecer la impunidad. Cada vez que se usa como escudo para tapar irregularidades, se le regala al gobierno el mejor pretexto para su intervención o control. Si el CNU llega a suspender elecciones o destituir autoridades, no lo hará por amor a la transparencia. Pero reconózcase que la excusa se la da el comportamiento de las mismas comunidades universitarias.

Aunque las creencias religiosas impusieron en el imaginario colectivo que Dios es un señor barbudo, que está pillando desde arriba las acciones de cada individuo, y esa conseja fue un freno moral para los funcionarios de la época, la España virreinal que gobernó América tuvo un remedio contra los atractivos del patrimonio público, y lo aplicó durante casi tres siglos. Se llamaba Juicio de Residencia. Cuando un funcionario terminaba su mandato, no podía marcharse ni asumir otro cargo sin una investigación independiente y rigurosa. El funcionario debía permanecer, “residir”, en el lugar donde había gobernado mientras un juez examinaba su gestión. El juicio se anunciaba con un pregón público, y cualquier vecino, del más rico al más humilde, podía presentar quejas. Se revisaban las cuentas, se oían testigos y se juzgaba el desempeño del funcionario.

Nadie estaba exento. Pasaban por él virreyes, presidentes de Audiencia, gobernadores, corregidores, alcaldes y alguaciles. El mismo Hernán Cortés, conquistador de México, tuvo que enfrentar el suyo. Las sanciones iban desde multas hasta la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Y si el resultado era limpio, el funcionario salía con el honor intacto y méritos para ascender. La idea es sencilla: el poder se presta, no se regala, y quien lo recibe debe devolverlo con las cuentas claras.

Durante dos siglos y medio, los reinos españoles de América tuvieron un régimen evaluativo de gestión que hoy debería ser acogido por los universitarios que de verdad quieran vencer la oscurana. Se propone que las universidades lo adopten. Que ninguna autoridad entregue el cargo sin rendir cuentas públicas y notorias: ni rector, ni vicerrectores, ni secretario, ni decanos. Bastarían cuatro reglas: 1. Al terminar cada gestión, una comisión independiente de la autoridad saliente audita sus cuentas y decisiones, con apoyo de contralores externos. 2. Durante un plazo fijo, cualquier miembro de la comunidad, profesor, empleado, obrero o estudiante, puede presentar denuncias documentadas. 3. Los resultados se publicarán completos, sin excepciones. 4. Mientras el juicio no concluya, la autoridad saliente no puede optar a otro cargo universitario ni tramitar su jubilación con honores.

No se necesita que el CNU ni el gobierno impongan esta disciplina. Las universidades pueden asumir este modelo, y esa sería la mejor defensa de la autonomía. Quien sepa que al final de su mandato correrá un pregón público pensará dos veces antes de firmar un pago irregular. Y muchos que hoy se postulan para servirse de la universidad, sencillamente, no se postularían.

Suena duro pero el profesorado universitario pareciera haberse vuelto banal. Hoy apenas se leen susurros por el sueldo de un dólar al mes o por la demora del bono de guerra. Son reclamos inmensamente justos y nadie puede reprocharlos. Pero esos son reclamos universitarios cuya denuncia le corresponde a cualquier gremio.  Lo universitario es preguntarse qué se hizo con el presupuesto, quién cobró comisiones, porqué hay tanto nepotismo interno, y por qué las contralorías internas ven tan poco. Lo universitario es exigir cuentas antes de que otras entidades externas las impongan y con peores intenciones.

Se acercan elecciones, o quizás su suspensión. Dar gritos de que la ULA es el corazón de Mérida que hay que defender, mientras callados durante años no se exigieron elecciones renovadoras o auditoría de cuentas, desacredita al gritón por populismo estridente. Si se quiere que las universidades vuelvan a ser casas que realmente espanten sombras, hay que empezar por encender luz dentro de ellas. Que cada autoridad que entregue su cargo pase por su juicio de residencia. Quien nada oculta, nada debería temer.

*Ingeniero. UNET. M Sc. DM.