Opinión
Justicia Interamericana para las víctimas de abril-2002

Julio César Hernández

CONDICIONAMIENTO

Uno de los objetivos del proceso de transición que se intenta llevar a cabo en Venezuela, es el referido a lograr una ideal “reconciliación”, entre todos los ciudadanos de este país. Esa meta luce ambiciosa y tal vez, irrealizable, sino, se intentan sanar las heridas que, en el primer lustro del año 2000, se abrieron, luego de los fatídicos hechos sucedidos en las calles y avenidas de la ciudad de Caracas, en la fecha identificada en el título de este escrito de opinión, cuando desde los techos de edificios adyacentes a las mismas, transitaban distintas marchas de protesta ciudadana, contra el Gobierno de Hugo Chávez+ y, francotiradores abrieron fuego en su contra.

DOLOR EN EL ALMA

Esas heridas, no solo fueron hechas sobre los cuerpos de las víctimas, que yacen en el sueño eterno y, a las que, aún, no se les ha hecho justicia,  sino también, sobre la Venezuela pacífica, humana y democrática que la espera; esos macabros hechos, tocaron el Alma nacional y se quedaron en la memoria de quienes, en toda la República, veíamos con dolor, impotencia y disgusto, como caían ciudadanos, por el efecto letal de las balas disparadas a mansalva, con armas largas, por anónimos homicidas, que nunca aparecieron, para ser identificados y sentenciados a largos años de prisión, por tan deleznables crímenes.

CALCULO ERRADO

Pasaron los años, y casi 25 después, en San José Costa Rica, se lleva a cabo el juicio, Trujillo y otros vs Venezuela, para oír los argumentos de los familiares de las víctimas, de ONGs y testigos. Sobre estos crueles hechos, el difunto Chávez Frías, y sus incondicionales seguidores, pensaron erradamente que, saliéndose de la OEA en el año 2007, podían evadir, las responsabilidades que sabían les iban a atribuir por haber ordenado una actuación militar o policial desproporcionada, contra aquella población civil, que manifestaba desarmada y que fue dispersada a punta de terror. Por supuesto que, a la audiencia del 14/10/026, no concurrió ningún representante judicial, del régimen.

SÓLO INTENTOS

Se recuerda que, en aquellos años, se habló de nombrar por la Asamblea Nacional y el propio Ejecutivo, una “Comisión de la Verdad”, para esclarecer la muerte de 19 personas y más de 300 heridos, ocurridas ese día, dicha instancia no se concretó en ese momento y años más tarde, en la siguiente década, se intentaron iniciativas con nombres similares, pero sin conducir a nada concreto en favor de la justicia y especialmente de las víctimas, lo cual era de esperarse; más aún, la violencia, le fue atribuida por el despótico gobierno chavista a la ciudadanía, acusándola de golpista, a pesar de que el régimen mantenía absoluto control sobre el estamento militar.

CRÓNICA PERIODISTICA

¿Qué fue lo que se hizo entonces?, el Diario El Nacional de la ciudad de Caracas, al respecto hizo la siguiente publicación “Se imponía entonces una investigación a fondo para no dejar campo a duda alguna. Después del 11 de abril, la avenida Baralt fue cerrada como escenario del crimen y se mantuvo así por el poco tiempo que Carmona estuvo en el poder. Pero al regreso de Chávez el 14 de abril, cuadrillas de limpieza comenzaron a arreglar los daños en la calle. Con mucha rapidez y eficiencia, repararon los semáforos, restituyeron los quioscos, pintaron las paredes, y reemplazaron gratuitamente las santamarías dañadas.

Los trabajadores extrajeron las balas de las paredes, taparon las esquirlas en las superficies de cemento y rastrearon los desagües buscando casquillos. En cinco días, sin que se hicieran las investigaciones y estudios técnicos necesarios, todas las evidencias físicas del lugar habían sido recolectadas y destruidas. A partir de ese momento comenzó la campaña multimillonaria en dólares del Gobierno de Chávez. Su primera acción fue bloquear cualquier investigación sobre la violencia desatada, los detectives y fiscales que abrieron la investigación fueron cambiados y reemplazados por adeptos al régimen”.

TESTIGO VÍCTIMA

Una de las testigos que hizo acto de presencia en la audiencia oral del pasado 14 de octubre fue la periodista Del Valle Canelón, que declaró que en esos días fue amenazada por los esbirros del régimen, Henry Atencio y Richard Peñalver, por haber declarado en el juicio de los policías metropolitanos, que hace poco recuperaron sus libertades, luego de años de encierro y de juicios manipulados. La alusión a las mencionadas personas, también recuerda que fueron parte de la gavilla que disparaba desde Puente Llaguno, y que, sometidos a juicio penal, fueron absueltos de cualquier responsabilidad en el año 2003.      

PERITAJE

Sobre los hechos comentados y descritos, el coronel retirado Antonio Guevara Fernández, perito militar, declaró en el juicio, según reporte de la periodista Sebastiana Barráez, que, “no se hicieron todos los esfuerzos necesarios para evitar víctimas durante la marcha opositora. También señaló la creación de estructuras de mando paralelas que, a su juicio, habrían permitido evadir responsabilidades”. Lo anterior, permite inferir que, desde un primer momento, la idea no era ni proteger, ni garantizar la integridad de los ciudadanos que protestaban, pue según el militar retirado citado, se creó una estructura militar al margen de la legalidad, para operar secretamente, como en efecto lo hizo.     

JUSTICIA

Han transcurrido de aquellos repudiables hechos de abril de 2002, casi 25 años, por eso hablar de reconciliación o de paz, aunque es lo deseable, resulta imposible, sino hay justicia para las víctimas y los victimarios, justicia que lleve sosiego al ánimo de las personas que, durante dos décadas y media, han visto como, esos crímenes, permanecen en la más absoluta impunidad, deuda institucional de la República Bolivariana de Venezuela, para con ellos, deuda que la democracia por venir, no solo deberá resolver, sino también, recordar como el día del “horror autoritario”, contra la población civil, exaltando a la vez, los valores de la vida, libertad y justicia.  

CONCURRENCIA

Para que haya reconciliación y paz, tendrían que operar conjuntamente, tanto la “justicia retributiva” como la “justicia restaurativa”, que no se excluyen entre sí, la primera, dirigida a los victimarios, para enjuiciar bajo el marco del debido proceso y el derecho a la defensa, a los autores intelectuales y materiales de crímenes contra los derechos humanos, por ejemplo, por tratos crueles inferidos o desapariciones forzosas, la segunda, dirigida a las víctimas, que priorice en la reparación de los daños ocasionados a las víctimas y en la reconstrucción del tejido social, como por ejemplo, dar base constitucional a los mecanismos de resolución pacífica de conflictos.    

¿POR QUÉ LA CIDH?

Que se busque justicia en Costa Rica, y más concretamente en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, también significa un “quiebre” del actual sistema de justicia, que tuvo la oportunidad, durante casi 25 años de reivindicarse con los valores de la autonomía y la independencia que lo deben regir de modo taxativo; el nuevo nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, debe servir también para romper definitivamente con un pasado de ignominia judicial, que sacrificó este valor y a los ciudadanos, por tratar de consolidar un régimen político, que solo los usó a su gusto, pero que nunca les dio estabilidad ni seguridad.

LA RESPONSABILIDAD

Por último, en un país, donde el Estado estaba obligado a garantizar, “el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos”, sin hacerlo, en perjuicio de las víctimas de abril de 2002, a las que no se les garantizó, por los órganos del Poder Público, como lo advertía la Constitución desde 1999, esas omisiones, le traerán seguramente, fallos condenatorios, pues se predispusieron  contra la vida, la integridad y la salud, de manifestantes, sólo por motivos políticos, llegando incluso a la irracionalidad a equiparar ese derecho político humano, con la capacidad coercitiva que posee, al detentar las armas y dirigir los cuerpos policiales y militares, que no fueron investigados imparcial y objetivamente, sobre aquellos hechos.