Opinión
La dimensión política de la tragedia    

César Pérez Vivas

El doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio de 2026 ha generado múltiples consecuencias que revelan las distintas dimensiones del desastre humanitario experimentado por la nación venezolana.

La primera dimensión corresponde al hecho natural, un fenómeno que escapa a la voluntad humana y que nadie está en capacidad de evitar. Una segunda dimensión es la política, la que tiene que ver con el comportamiento del poder frente a la tragedia natural. Podríamos y deberíamos estudiar otras dimensiones como la económica, la cultural, la espiritual, la sanitaria, la psicológica, entre varias más,

En estos tiempos, a la luz de los avances en materia de prevención de desastres y de las políticas públicas orientadas a construir un desarrollo urbano sostenible, capaz de garantizar una mejor calidad de vida y mitigar los efectos de este tipo de eventos, resulta inevitable reflexionar sobre las responsabilidades del Estado venezolano.

La tragedia nos obliga a valorar no solo la magnitud del fenómeno natural, sino también las políticas públicas que durante décadas debieron orientar el crecimiento urbano, la planificación territorial y la reducción de riesgos para evitar consecuencias mayores frente a un evento       de     esta  naturaleza.

En medio de esta tragedia, algunos sectores del país han llamado a “no politizar” los acontecimientos y a abstenerse de señalar las falencias del régimen venezolano, tanto en la planificación y construcción de desarrollos habitacionales durante este siglo como, especialmente, en la incapacidad demostrada para atender una emergencia de semejante magnitud.

La propia Delcy Rodríguez lo planteó en los siguientes términos: “Politizar una tragedia humanitaria como esta no tiene sentido. El Gobierno y las autoridades de Venezuela han desplegado todos los esfuerzos públicos, privados, nacionales e internacionales.
Que alguien diga que se le negó el acceso o la ayuda… eso simplemente no         existe.”
La dictadura y sus colaboradores pretenden que no digamos la verdad de lo acontecido, que no señalemos la incapacidad e insensibilidad de la cúpula roja. Buscan el silencio cómplice de la sociedad frente a su desempeño. Al contrario, es nuestro deber denunciar y visibilizar la verdad        que   todos sabemos.

Es ya un hecho público, notorio y ampliamente documentado el retardo, tanto culposo como doloso, con el que la cúpula del poder respondió a las consecuencias del terremoto. Pero no solo quedó al descubierto la incompetencia, la improvisación y la ausencia de políticas de prevención de desastres; también se evidenció la perversión de una estructura de poder que privilegia el aprovechamiento de cualquier circunstancia para el pillaje y el beneficio particular de quienes la integran.

La tragedia del terremoto reveló dos rostros de la Venezuela contemporánea. Por una parte, el rostro humano y solidario de la inmensa mayoría de los venezolanos, que de manera espontánea ofrecieron ayuda personal, recursos económicos, alimentos, medicinas e insumos para atender a las víctimas. Por la otra, el rostro de un sector profundamente corrompido, que obstaculizó la cooperación ciudadana e intentó convertir el sufrimiento colectivo en una oportunidad para obtener    beneficios         personales.

Y, aun así, hay quienes insisten en pedir que no se politice la tragedia; es decir, que no se denuncien hechos públicos y notorios como el fracaso del modelo de Estado socialista y la responsabilidad de quienes hoy         usurpan     el      poder.

Lamentablemente, esta tragedia coincide con una coyuntura política de enorme gravedad. Todos conocemos la ilegitimidad de quienes hoy ejercen los poderes del Estado, especialmente de quienes se encuentran al frente del Poder Ejecutivo.

El pasado 3 de julio se cumplieron ciento ochenta días de una encargaduría cuya fragilidad jurídica e ilegitimidad eran evidentes desde su origen. Pero, si aún existía algún resquicio de legalidad, este desapareció definitivamente ese día. La respuesta de quienes controlan los poderes públicos fue la dejación absoluta de sus responsabilidades constitucionales.

La Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, hizo caso omiso de la obligación que le corresponde como cabeza del Poder Legislativo. No promovió el debate ni el acto parlamentario previsto en la Constitución para declarar la falta absoluta de la Presidencia de la República y convocar, en consecuencia, las elecciones presidenciales destinadas    a establecer un un gobierno legítimo.

Las circunstancias derivadas del terremoto no pueden convertirse en la excusa para perpetuar un proyecto político que, desde sus inicios, ha demostrado una vocación hegemónica y autoritaria sin precedentes en la historia contemporánea de Venezuela.

La tragedia no puede transformarse en un burladero de la legalidad ni en el argumento para incumplir el mandato constitucional de convocar la  elección    presidencial.

Está claramente identificado el denominado “Plan Zapatero”, ampliamente explicado y conocido por la opinión pública nacional. Dicho plan persigue mantener a Delcy Rodríguez al frente del Poder Ejecutivo hasta el año 2030, bajo la premisa de que para entonces Donald Trump ya no ejercerá la Presidencia de los Estados Unidos y, por tanto, existirían condiciones para repetir un fraude similar al del 28 de julio de 2024 y garantizar la continuidad del chavismo-madurismo en el poder.

Esa pretensión abre una verdadera caja de Pandora para la sociedad venezolana. Consumada una segunda usurpación de la Presidencia de la República, y pretendiendo justificarla con la tragedia ocasionada por los terremotos, quedaría demostrada la absoluta perversión de quienes hoy ocupan ilegítimamente los poderes del Estado.

En esas circunstancias, la sociedad venezolana quedaría expuesta a cualquier escenario impulsado por sectores desesperados que, convencidos de la necesidad de poner fin a la usurpación, podrían intentar distintos caminos para lograrlo.

Los dirigentes de la sociedad democrática venezolana hemos planteado, una y otra vez, una salida estrictamente constitucional: que se cumpla lo dispuesto en los artículos 233 y 234 de la Constitución; que se declare la falta absoluta del Presidente de la República y que se convoque, de inmediato, la elección presidencial correspondiente.

Sin embargo, quienes usurpan el poder ignoran deliberadamente el texto constitucional y ahora pretenden justificar su permanencia alegando la ocurrencia del terremoto, cuando precisamente esa tragedia puso de manifiesto la incompetencia, la incapacidad y el fracaso absoluto del modelo de Estado instaurado por el socialismo del siglo     XXI.

Ha llegado la hora de dejar de ocultar la realidad que vive Venezuela. Nuestro país enfrenta una doble tragedia: una tragedia política, consecuencia de la imposición de un modelo profundamente ineficiente y corrompido, que destruyó la economía, las instituciones y el tejido social de la nación; y una tragedia natural, cuyos efectos devastadores todavía no terminamos de dimensionar.

Frente a esta doble tragedia, no podemos renunciar a nuestra responsabilidad ciudadana. Nos corresponde exigir, participar y vigilar en el proceso de atención a las víctimas, así como el restablecimiento de la institucionalidad, el cumplimiento de la Constitución y el fin de la usurpación.

Los venezolanos tenemos el derecho de reclamar el establecimiento de un gobierno legítimo y democrático, capaz de recuperar la independencia de las instituciones, reconstruir la capacidad operativa de la República y emprender la recuperación económica, social, moral y material de Venezuela.