Opinión
La frontera no es ciudadanía

Antonio Sánchez Alarcón

Las palabras importan, sobre todo cuando pretenden convertirse en instituciones. “Ciudadanía fronteriza” puede sonar hospitalaria, integradora y hasta moderna. El problema comienza cuando uno pregunta algo bastante elemental: ¿ciudadanía de qué Estado?

La vida fronteriza entre Táchira y Norte de Santander tiene peculiaridades que nadie sensato debería negar. Familias repartidas entre ambos lados, comercio cotidiano, trabajadores que cruzan regularmente, servicios compartidos y relaciones sociales anteriores incluso a las repúblicas actuales. Todo ello puede justificar mecanismos especiales de tránsito, residencia, trabajo o cooperación. La Constitución venezolana, de hecho, contempla expresamente regímenes especiales para los espacios fronterizos.

Pero de allí no se sigue que exista una ciudadanía distinta.

Desde las categorías del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, el problema se vuelve más claro. El Estado no es una simple ficción jurídica ni una comunidad sentimental. Es una sociedad política organizada en capas: una capa conjuntiva, donde operan instituciones, leyes y relaciones entre quienes integran el cuerpo político; una capa basal, vinculada al territorio y sus recursos; y una capa cortical, mediante la cual un Estado se delimita, se defiende y se relaciona con otros Estados.

La frontera pertenece precisamente a esa dimensión cortical. No es un espacio situado fuera de Venezuela y Colombia, sino el punto donde ambos Estados se encuentran porque antes se distinguen. La frontera une, ciertamente, pero une aquello que permanece políticamente diferenciado.

La ciudadanía, en cambio, supone pertenencia al cuerpo político. La propia Constitución venezolana establece que son los venezolanos, bajo determinadas condiciones, quienes ejercen la ciudadanía y son titulares de los correspondientes derechos y deberes políticos.

Aquí aparece la dificultad del término.

Si Venezuela y Colombia crearan una verdadera “ciudadanía fronteriza” común, habría que determinar qué poder político la constituye, qué soberanía la respalda y ante qué Estado responde ese nuevo ciudadano. Si la respuesta es Venezuela y Colombia simultáneamente, ya no estaríamos hablando simplemente de facilidades fronterizas, sino de una figura política supraestatal cuya arquitectura habría que explicar. Y si ninguno de los dos Estados cede o comparte soberanía, entonces aquello no sería propiamente ciudadanía.

Sería otra cosa.

Y esa otra cosa puede tener perfectamente un nombre más preciso: Estatuto Binacional de Vecindad Fronteriza, Régimen de Movilidad Fronteriza o Estatuto Especial de Residentes Fronterizos. Con esas figuras podrían regularse tránsito, residencia temporal, trabajo, educación, salud y actividad comercial sin introducir una categoría política que termina confundiendo lo que pretende aclarar.

No se trata de levantar nuevamente la frontera como una muralla. Tampoco de negar una realidad humana evidente. Se trata de reconocerla con instrumentos adecuados.

Porque una frontera puede hacerse más permeable sin dejar de ser frontera. Lo que difícilmente puede hacerse es convertirla en ciudadanía sin terminar imaginando, acaso inadvertidamente, un curioso Estado fronterizo que nadie ha creado y del cual nadie sabría exactamente dónde comienza la soberanía ni dónde termina.