Opinión
La infraestructura vial y las Asociaciones Público-Privadas 

Dr. Mauricio R. Pernía-Reyes

El desarrollo de infraestructuras públicas constituye una manifestación del compromiso de las Administraciones Públicas con el crecimiento económico y la protección social, así como con la promoción del bien común y la dignidad humana. Estas inversiones favorecen la consolidación de un entorno empresarial sólido, facilitan la movilidad laboral, mejoran el acceso a la educación y los servicios de salud contribuyendo, en consecuencia, al incremento de la calidad de vida de la ciudadanía.

El desarrollo de infraestructura vial, por ejemplo, ha constituido históricamente un instrumento para la movilidad en las sociedades. Desde las calzadas romanas, que durante el siglo II d.C. alcanzaron aproximadamente 300.000 kilómetros de extensión, hasta la carretera trasandina en Venezuela, estas obras han facilitado la integración de poblaciones con centros urbanos dotados de una mayor oferta de servicios esenciales para satisfacer las demandas propias de cada época.

Las obras públicas, por otra parte, constituyen aproximadamente entre el 12% y el 15% del PIB global en materia de contratación estatal, incluyendo actividades como diseño, procura, construcción y servicios, de acuerdo con estimaciones recientes del Banco Mundial y la OCDE (2023). Este nivel de inversión posiciona a las Asociaciones Público-Privadas (APP), que traté en la entrega anterior, como una alternativa relevante para aportar capital, tecnología y mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión de proyectos públicos.

Este aspecto adquiere particular relevancia para nuestro país, considerando que, de acuerdo con Transparencia Venezuela, se registran un total de 246 obras inconclusas en el país. La inversión aproximada asciende a 316.025 millones de dólares, correspondientes a proyectos iniciados o anunciados en 22 estados del territorio nacional y bajo la responsabilidad de 124 órganos y entes públicos, datos que pueden verse documentados en su portal web.

Esta realidad deja en evidencia que Venezuela demanda un marco jurídico preciso en contratación pública abierta, dinámica y colaborativa, donde el Estado, como contratante someta a concurso mediante procedimientos transparentes, evalúe ofertas con criterios multifactoriales —técnicos, financieros y sociales— y establezca cláusulas de equilibrio económico-financiero para mitigar riesgos, y garantías de seguridad jurídica en el que las obras públicas sean tanto de la iniciativa gubernamental, mediante la planificación y el presupuesto público, así como de la iniciativa privada que proponga la construcción de infraestructuras diversas que requiere la sociedad venezolana y que el Estado integre en su cronograma de obras.

En este contexto, es pertinente destacar la situación de la infraestructura vial en el Estado Táchira, donde existen emblemáticas obras inconclusas que llevan más de cuarenta y cinco años a la espera de su finalización, como la autopista San Cristóbal-La Fría, cuyos primeros tramos fueron inaugurados entre 1976 y 1981. El mantenimiento de dicha vía resulta claramente insuficiente ante el deterioro acumulado, lo cual contribuye al incumplimiento de la Ley de Tránsito Terrestre y provoca que diversas localidades de los municipios Cárdenas y Guásimos utilicen accesos no permitidos y peligrosos para ingresar o salir de sus sectores, no cuenten con pasarelas entre sus comunidades y carezcan de iluminación, demarcación y señales de tránsito, entre otras necesidades urgentes e indispensables en materia vial.

Por lo expuesto, resulta estratégica la creación de una legislación sobre las APP en Venezuela, dado que constituyen herramientas legales capaces de impulsar el desarrollo de la infraestructura pública, en lo que resalta el papel de las universidades, así como de los gremios empresariales y profesionales, quienes deben participar en la elaboración de propuestas orientadas a la mejora regulatoria de sectores estratégicos como el de las obras de interés general. Esto contribuirá a fortalecer un entorno empresarial sólido y a promover una colaboración estrecha con la academia, facilitando así la innovación, el dinamismo social y la empleabilidad de los egresados.

En la próxima entrega trataré sobre los casos de éxito en el desarrollo de infraestructura mediante las APP en Iberoamérica.

*Profesor universitario

Miembro directivo de la Corporación para el Emprendimiento y Desarrollo Empresarial CEDE