Opinión
La migración venezolana que Colombia sigue ignorando

En plena campaña presidencial, los candidatos evitan hablar del fenómeno migratorio más grande de la historia del país. Las cifras, sin embargo, no pueden esperar

Alans Peralta Mora

Colombia se alista para una segunda vuelta presidencial. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella disputan el derecho a suceder a Gustavo Petro en el Palacio de Nariño. Y sin embargo, en medio de debates, promesas y pronósticos, hay un elefante en la sala que ninguno de los dos quiere ver: Los más de dos millones ochocientos mil venezolanos que viven, trabajan y echan raíces en este país.

No es un asunto menor. Según cifras del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, con corte a marzo de 2025, Colombia alberga al 35,6 % de toda la diáspora venezolana en el mundo, la mayor concentración en cualquier país receptor. Son aproximadamente 2,8 millones de personas: El equivalente a la población entera de ciudades como Medellín.

De esta población, más del 70 % cuenta ya con el Permiso por Protección Temporal (PPT), el documento de regularización creado por el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) en 2021. En total, se han aprobado más de 2,1 millones de PPT, de los cuales la gran mayoría ya han sido impresos y entregados. Es, en cualquier medida, uno de los procesos de regularización migratoria más ambiciosos de América Latina.

Nada nuevo bajo el sol electoral

Por los vientos que soplan, la migración venezolana en Colombia no debería esperar algo distinto del próximo gobierno, sea quien sea el ganador.

Entre 2014 y la fecha, las escasas referencias de Iván Cepeda al tema migratorio se han limitado al rechazo del discurso xenófobo y al respaldo genérico a las medidas de regularización implementadas por la administración Petro. Su postura sobre integración económica y políticas públicas dirigidas a migrantes ya radicados es prácticamente inexistente.

Abelardo de la Espriella, por su parte, reconoce en entrevistas y redes sociales el aporte de los venezolanos que ingresaron legalmente —”trabajan y respetan la ley”— mientras promete deportación inmediata para quienes estén en situación irregular o cometan delitos. Su lema, “Colombia es primero para los colombianos”, lo ha reiterado en materia de seguridad, salud y servicios públicos. Pero tampoco ha esbozado una política pública coherente de integración migratoria.

El peso en los servicios: Una carga que ya se estabilizó

Los venezolanos representan alrededor del 5 % de la población colombiana y se concentran mayoritariamente en Bogotá, Cúcuta, Cali y Medellín. El impacto en servicios públicos fue real y visible: Entre 2017 y 2021, el sistema de salud prestó 12 millones de atenciones a 1,3 millones de venezolanos, según datos del PNUD. El costo fiscal se estima en 6,3 billones de pesos anuales hasta 2028.

Pero esa es solo la mitad de la historia. El 38 % de la migración venezolana en Colombia está compuesto por menores de 18 años —una generación entera que hoy está en aulas colombianas y que, con el tiempo, engrosará la fuerza laboral del país. Eso no es una carga: Es un bono demográfico en construcción.

Lo que los candidatos no quieren calcular: El aporte

En diciembre de 2025, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publicó su Análisis de la Contribución Fiscal y Económica de la Migración Venezolana, con datos de 2023: Los migrantes venezolanos aportaron US$529,1 millones al recaudo tributario del país, equivalentes al 1,91 % de los ingresos tributarios por personas naturales. Además, inyectan cerca de 3.000 millones de dólares anuales en consumo.

A eso hay que sumar más de 60.000 emprendimientos liderados por venezolanos registrados en cámaras de comercio de todo el país, generando empleo tanto para la población migrante como para la de acogida. La pirámide poblacional colombiana, que envejece aceleradamente, ha encontrado en esta migración una fuente de rejuvenecimiento que ningún demógrafo puede ignorar.

Según Migración Colombia, entre enero y marzo de 2026 los flujos fronterizos entre Colombia y Venezuela se mantuvieron prácticamente equilibrados —con más salidas que entradas en algunos períodos—, sin evidenciar un éxodo de regreso.

Una encuesta del Observatorio de la Diáspora Venezolana realizada entre febrero y marzo de 2026 confirmó la cautela: Apenas el 12 % de los consultados manifestó planes concretos de retornar en el corto plazo, mientras que el 44,7 % condicionó cualquier regreso a mejoras reales del país, y el 23,7 % prefirió mantenerse fuera. Los expertos coinciden: La diáspora venezolana ya es parte estructural de la economía y la sociedad colombiana, y un retorno masivo no es ni inminente ni, en muchos casos, deseado.

La agenda pendiente que nadie quiere tocar

Ante este panorama, sorprende —y preocupa— la relativización del tema por parte de quienes aspiran a gobernar Colombia. Los problemas están sobre la mesa y no son invisibles: La alta informalidad laboral de la población migrante, las trabas para la convalidación de títulos profesionales, la regularización de quienes llegaron después del cierre del ETPV en 2023, la creciente xenofobia en algunas ciudades y la ausencia de una política de integración productiva de largo plazo.

No se trata de caridad ni de ideología. Se trata de administrar bien la realidad. Una población de 2,8 millones de personas que ya aporta a la economía, paga impuestos, forma familias y educa hijos en Colombia merece algo más que silencio electoral o retórica de deportación.

La migración venezolana continúa asentándose en Colombia. Para muchos, hace tiempo que dejó de ser un viaje con fecha de regreso. La pregunta que deberían estar respondiendo Cepeda y De la Espriella no es si esas personas están aquí, sino qué quiere Colombia construir con ellas.