Opinión
La participación ciudadana

Mauricio R. Pernía-Reyes *

Involucrarse en la toma de decisiones públicas hace más responsables a los ciudadanos, les otorga conocimientos y promueve la iniciativa constante de intervenir en la gestión pública. En un Estado de Derecho la participación ciudadana cuenta con un conjunto de mecanismos que aseguran los medios para su realización y verificación. En consecuencia, los funcionarios públicos, cualquiera sea su modo de ingreso a la Administración Pública y el cargo que desempeñen, están en la obligación de promoverla, facilitarla y legitimar sus decisiones a través de ella.  

No obstante, esta fórmula de construir ciudadanía puede verse afectada por múltiples factores que pueden caracterizarse por la desconfianza institucional, por un diseño institucional deficiente, por la restricción del espacio cívico, así como por la desigualdad económica y la brecha digital. Estos cinco factores pretenden agrupar las distintas realidades que paralizan la participación ciudadana deslegitimando con ello la actuación administrativa y limitando su calidad. Comentaré cada una de ellas a continuación.

La desconfianza institucional se origina en la percepción de que los mecanismos participativos creados por las leyes y gestionado por alcaldes, concejos municipales gobernadores, consejos legislativos, parlamentos, ministros y presidentes, son una simulación y de que la corrupción invalida las decisiones ciudadanas generando apatía y abstencionismo. A lo anterior puede añadirse la desinformación y la polarización en espacios como las redes sociales junto a la difusión de noticias falsas que terminan por desincentivar el debate constructivo, generando un entorno hostil para todos.

El diseño institucional deficiente se caracteriza, en términos generales, por presentar mecanismos en exceso burocráticos y poco o nada vinculantes, lo que puede evidenciarse en procesos complejos, centralizados o cuyas decisiones finales son ignoradas por las autoridades socavando la efectividad de la participación. En Venezuela se agrava por cuanto, además de lo anterior, se vinculan directamente con el partido político en ejercicio material lo que por sí solo ya crea exclusión de las mayorías, haciendo de los mecanismos existentes medios de discriminación social.

La restricción del espacio cívico, por su parte, se instrumentaliza mediante leyes restrictivas y la persecución, que normalizan la criminalización de la protesta, restringen la financiación de Organizaciones de la Sociedad Civil, persiguiendo a activistas o periodistas.  Además, la detención arbitraria de manifestantes y la represión policial inhiben la movilización social.

Finalmente, la desigualdad económica y la brecha digital se caracterizan, en el primer caso, por el costo de oportunidad personal. En efecto, participar requiere tiempo, recursos y energía y vivir en situaciones de vulnerabilidad obliga a priorizar la subsistencia económica diaria antes que la participación ciudadana o política. Los venezolanos hemos superado esta limitante en tantas ocasiones que merece un análisis detallado. En el segundo caso, la brecha digital de acceso se acrecienta en la medida que la participación se traslada a plataformas digitales, donde la falta de conectividad, los cortes eléctricos, la carencia de equipos de fácil conexión o la carencia de competencias digitales excluye a amplios sectores de la sociedad.

La génesis de una Buena Administración inicia cuando todos reconocemos que existen obstáculos y que, identificados, los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil podemos articularnos para afrontarlos en la medida de nuestras posibilidades y recursos. Los funcionarios públicos, por su parte, deben ser los primeros facilitadores de la participación ciudadana y no como una gracia del Estado sino como una obligación legal que tienen sus cargos.

En las próximas entregas trataré sobre investigaciones que se han realizado en materia de participación pública y cómo Venezuela debe reactivar el ejercicio de la participación ciudadana en cada una de las fases de nuestra compleja realidad y contexto.  

*Doctor. Profesor-Investigador UCAT.

Miembro directivo de CEDE y de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. Especialista en Derecho Administrativo y en Gerencia Pública